Hasta que no cumplan con su obligación, propone Abel Hernández

Por Elizabeth Ríos Chavarría

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El diputado panista Abel Hernández explicó que su iniciativa se da a raíz de que hacen falta medidas de presión social para asegurar que los morosos de pensión alimenticia se pongan al corriente con sus obligaciones, pues no hacerlo afecta al núcleo familiar/Foto: Cortesía

Con la finalidad de garan­tizar el derecho a menores a la alimentación, el diputado local del PAN, Abel Hernán­dez Márquez, impulsará una iniciativa en el Congreso de Jalisco a fin de que deudo­res alimentarios no puedan contraer matrimonio al civil hasta que no cumplan con su obligación.

A decir del legislador, hacen falta medidas de pre­sión social para asegurar que los morosos de pensión alimenticia se pongan al co­rriente con sus obligaciones, debido a que en el país, de acuerdo a cifras del INEGI, casi el 75 por ciento de las madres solteras o separadas no reciben la alimentación para sus hijos.

Además, detalló que en 34 de cada 100 hogares de Jalis­co se reconocen a las mujeres como personas de referencia, es decir, son consideradas como las jefas de familia, de acuerdo al Instituto de Infor­mación Estadística y Geográ­fica de Jalisco (IIEG).

“Creo que es urgente for­talecer y tener una base con­fiable del registro de deudores alimentarios morosos, que ya se creó en Jalisco desde la legislatura pasada, y que ne­cesitamos fortalecerlo con la intención de crear medidas de presión social, cuidando en todo momento la no violación de los derechos humanos y la protección de los datos perso­nales”.

Con una serie de refor­mas a varias leyes, así como a los códigos penal y civil de Jalisco, el legislador buscará también limitar la adopción, la expedición de las licencias de manejo, la transmisión de bienes muebles o inmuebles, el otorgamiento de contratos públicos, y de licencias de construcción.

También, explicó que la iniciativa busca que se les descuente de sus aportacio­nes a quienes coticen en Pen­siones del Estado de Jalisco, crear una multa a todos aque­llos que permanezcan más de 180 días en el registro de deudores alimentarios moro­sos, y generar la obligación para que superiores jerárqui­cos –de quienes trabajen en la administración pública– faciliten a los auxiliares judi­ciales el emplazar a juicio de alimentos.

“En el mismo sentido se envía un exhorto al Congreso de la Unión para que el SAT pueda retener, cuando se en­cuentren saldos a favor de estos deudores, pues lo nece­sario para cubrir sus deudas alimentarias. Y que también el sistema de ahorro para el retiro le descuente hasta el 50 por ciento del monto que ten­ga para cubrir esta deuda”.