En tanto el deudor se ponga al corriente: Leticia Pérez
Por Elizabeth Ríos Chavarría
De acuerdo con la legisladora morenista, la intención de fondo es que los menores no queden en la indefensión. El estado podría recuperar lo invertido cobrándole al moroso alimentario mediante fianza, prenda, hipoteca, billete de depósito o a través del Programa Colaborador Comunitario/Foto: Cortesía
Con la finalidad de garantizar el alimento del menor, en tanto la otra parte morosa se hace responsable, Leticia Pérez Rodríguez, diputada local de Morena, presentó una iniciativa de reforma a fin de que el gobierno del estado subsidie la pensión alimenticia de menores cuando haya incumplimiento del deudor.
La propuesta, que plantea reformas al artículo 440 del Código Civil de Jalisco, establece que será el DIF estatal, o la instancia correspondiente, el encargado de responder con la pensión alimenticia, que se irán cargando al deudor alimentario, sólo para no dejar desprotegidos a los infantes en ese sentido.
“El gobierno del estado será quien supla la pensión alimenticia que tiene que recibir un menor, cuando en sentencia se indique al padre o un responsable de esa alimentación y no la cumpla. Entonces, el gobierno tendría que obligarse a ser el subsidiario de dicha pensión alimenticia hasta que se encargue el deudor, pague y se ponga al corriente”, refirió la legisladora de oposición.
De acuerdo a la morenista, el estado sí podrá recuperar lo invertido al cubrir la alimentación del menor, a través de diversas alternativas, es decir, cobrándole al moroso alimentario mediante fianza, prenda, hipoteca, billete de depósito o a través del Programa Colaborador Comunitario, que se encuentra vigente en la entidad.
“Cuando esta situación de desobligación alimentaria tiene lugar, no sólo se afecta al acreedor alimentario en su derecho natural y vital, sino que esta también permea al resto de la sociedad de manera irreversible, ya que con mucha frecuencia produce en el círculo familiar y social cercano el sentimiento de abandono y desamparo, que generará en el individuo una sensación ruptura social entre el ser y el deber ser”, consideró la morenista en su iniciativa.
También, en su propuesta estableció otra modificación respecto a los puntos mediante los cuales una persona puede ser catalogada como deudora alimentaria, es decir, si la ley actual establece que para recaer en incumplimiento se debe dejar de dar la pensión por tres meses, la diputada propone además que sea cuando se haya dejado de cubrir cuatro pensiones -sucesivas o no- dentro de un periodo de dos años.
“Toda esta problemática deviene del hecho de que un gran número de madres, adultos mayores o personas en estado de vulnerabilidad y sujetas al concepto de acreedor alimentario, evitan demandar por no existir actualmente una legislación. Y aunque esta prestación sea demandada, pocas veces hay eficacia en el cumplimiento, lo cual afecta a menores de edad y madres en una situación de crisis económica y moral que afecta el desarrollo integral”, agregó.