Jalisco da garantías de atención ante violencia sexual

Con perspectiva de género, de forma gratuita y confiden­cial, el gobierno estatal cuenta con los mecanismos, unidades médicas, personal capacitado y protocolos para que las mu­jeres puedan tener acceso a la atención y servicios médicos que ordena la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 para la Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Dicha norma establece, entre otros, los criterios para rea­lizar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) cuando es producto de una violación sexual.

A través del OPD Servicios de Salud Jalisco, la Secretaría de Salud (SSJ) ofrece la aten­ción y el acompañamiento para que se realice este pro­cedimiento, en apego al reco­nocimiento pleno de los dere­chos humanos de las mujeres.

Como lo establece la Ley General de Víctimas y su me­canismo de aplicación que es la NOM-046, la SSJ presta di­versos servicios en materia de salud a las víctimas de violencia de género. La propia norma de­fine este tipo de violencia como “cualquier acción u omisión, basada en su género, que cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el pú­blico”.

Por su parte, la legisla­ción estatal establece que en Jalisco se puede solicitar la Interrupción Legal del Emba­razo (ILE) en las causales por salud, cuando el embarazo es producto de violencia sexual o cuando existen riesgos para la vida de la mujer. El artículo 229 del Código Penal de Ja­lisco contempla que este pro­cedimiento se realice por esas causales hasta las 12 semanas de gestación.

En Jalisco las usuarias de los servicios de salud tienen derecho a la atención digna y confidencial; así como al acompañamiento, seguimien­to e información necesaria, la cual debe brindar en todo mo­mento el equipo multidiscipli­nario, en caso de que decidan la ILE.

El OPD Servicios de Salud Jalisco cuenta con 27 unidades de Servicios Especializados en Atención a Mujeres recep­toras de violencia en distintas regiones sanitarias, que inclu­yen desde centros de salud hasta hospitales regionales y comunitarios para canalizar a las personas víctimas de vio­lencia.