Para prevenir casos de maltrato a menores
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Urgen datos certeros sobre menores en estas instituciones, pues en muchos casos no hay datos respecto al destino final de los menores que se encuentran en estos espacios, tanto los públicos como los privados, explicó la diputada Claudia Murguía/Foto: Archivo Página 24
Con la finalidad de generar escenarios más propicios para el cuidado de los sectores más olvidados o desprotegidos de la sociedad, la fracción del PAN en el Congreso de Jalisco presentó una iniciativa a fin de fortalecer la protección y vigilancia de todos los albergues de la entidad.
A decir de diputados albiazules, Jalisco está considerado como el estado en donde existen más niños viviendo bajo la protección de un albergue, sin embargo, estas instituciones a su vez presentan severos rezagos o problemas en cuanto a su administración, lo que genera problemas como malos tratos, violencia y en muchos casos el no tener datos precisos respecto al destino final de los menores o personas que se encuentran bajo la protección de estos espacios.
“Los albergues deben estar diseñados para, en la medida de lo posible y bajo un principio de subsidiariedad, convertirse en un hogar para todos aquellos que no lo tengan, siendo estos de manera temporal o definitiva”, expresó la presidenta de la fracción parlamentaria del PAN, Claudia Murguía Torres.
Recordó que en Jalisco existen casas hogares privadas de las que el estado no tiene registro, lo cual no deja de ser preocupante ya que su observancia es responsabilidad de la administración pública, por ello, añadió, la reforma que presentaron contempla diversas disposiciones con el objetivo de mejorar el tema jurídico en el manejo y control de todos los albergues.
De acuerdo a la iniciativa, se establecen reformas al Código Penal para incorporar un nuevo tipo penal sobre sustracción, robo y tráfico de menores, con la cual prácticamente se delimita que ninguna persona que trabaje dentro de un albergue podrá mover, cambiar o enviar a cualquier menor a un sitio distinto al de su custodia, sin previa autorización fundada y motivada por parte de la autoridad competente.
También, se reformaría la Ley para la Operación de Albergues del estado a fin de obligar al DIF y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a verificar dos veces al año y certificar que las bitácoras de movimientos de menores estén hechas a legalidad.
Además, y para ampliar la protección que ofrecen estos espacios, se incorporarían como sujetos de asistencia social de manera prioritaria a quienes carecen de cuidados parentales y se encuentren en instituciones, así como a toda aquella persona en situación de vulnerabilidad.