Actos de corrupción de Pablo Lemus son evidentes: Morena GDL

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Fotografía relevante a la nota.

En rueda de prensa, regidores morenistas urgieron acciones para aclarar las supuestas irregularidades con las que se habría conducido el Tribunal de Justicia Administrativa, con el juicio que se presentó en contra del arrendamiento de vehículos por parte del ayuntamiento tapatío/Foto: Cortesía

Al insistir en que persisten las irregularidades en el tema que no han sido dilucidadas, la fracción de Morena en Guadalajara solicitó a la Se­cretaría de la Función Pública que atraiga el caso del arren­damiento de vehículos para la comisaría tapatía.

Ausente en la rueda de prensa semanal que dan edi­les morenistas, Carlos Lo­melí Bolaños, a través de un video, dio cuenta de la visita que hizo a Ciudad de México a fin de que la secretaría en mención investigue presuntos actos de corrupción que deri­varían en el arrendamiento de vehículos con un sobreprecio de 300 millones de pesos.

“En Jalisco no está clara la ley, por eso venimos a pla­ticar con el gobierno federal  para que se solicite la facultad de atracción y poder esclare­cer ante todos los ciudadanos de Guadalajara el sobreprecio al que se están comprando las patrullas”, refirió el líder mo­renista.

Por su parte, en rueda de prensa, el regidor Salvador Hernández urgió acciones para aclarar todo, al aludir a las supuestas irregularidades con las que se habría condu­cido el Tribunal de Justicia Administrativa, con el juicio que se presentó en contra del arrendamiento, ante el posi­ble uso de documentos falsos –ante el TJA– por parte del ayuntamiento para tapar las anomalías.

Por ello, anunció que pe­dirán a la Contraloría Ciu­dadana que incluya en su investigación el actuar de la Cuarta Sala Unitaria de este tribunal y de la Sala Superior, así como de la sindicatura y el Comité de Adquisiciones de Guadalajara, estos últimos por continuar con el proceso de arrendamiento pese a pre­suntas irregularidades.

“(También) solicitaremos a la dirección de lo jurídico consultivo una opinión téc­nica sobre cuál debería ser el proceso que debe seguir la administración ante una controversia de este sentido y generar un antecedente que garantice las mejores prácti­cas en la materia de adquisi­ciones. (Además), presentar una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción para que in­vestigue a fondo el proceso que se está llevando a cabo en el TJA”, añadió.

Reiteró que a falta de clari­dad en todo el tema el proceso de arrendamiento de vehícu­los todavía se percibe como opaco, por lo cual recalcó la importancia porque se aclare todo, ya que se habla de re­cursos que podrían estar en detrimento del ayuntamiento.

“El hecho de que no se pueda transparentar las deci­siones de gobierno es motivo de preocupación ¿Cuál es la verdadera situación que guar­da el juicio contra de arrenda­miento mediante un proceso plagado de opacidad?, para nosotros es suficiente motivo para actuar, ya que lo que está en juego son casi 800 millo­nes de pesos”.