No aplica si es restaurante-bar y prioriza la venta del alcohol

Guadalajara será laxo. “A ellos sí les vamos a exigir que después de la medianoche, que es cuando ya se presentan la acumulación de personas, esos restaurantes bar exijan el certificado de vacunación o las pruebas PCR”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Fotografía relevante a la nota.

“Aclarar que los restaurantes conocidos como de mantel no tendrán que solicitar ningún certificado de vacunación o prueba PCR”, dijo el emecista Pablo Lemus/Fotos: Cuartoscuro

Tal cual lo anunciaron el lunes pasado autoridades es­tatales, a partir de ayer ini­ciaron las nuevas medidas de cara a la pandemia por CO­VID-19; diversos negocios y eventos masivos tendrán que pedir a visitantes certificados de vacunación o pruebas PCR negativas para que puedan in­gresar.

Pero en Guadalajara las cosas serán diferentes y laxas con algunos comercios.

Ante la confusión que se ha generado estos días, ayer el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, aclaró que al menos en el munici­pio estos documentos no se pedirán a comensales en los restaurantes, aunque el pa­norama cambiará si se trata de restaurante-bar y prioriza más la venta del alcohol.

“Para aclarar que los res­taurantes conocidos como de mantel no tendrán que solici­tar ningún certificado de va­cunación o prueba PCR, esto va dirigido para aquellos res­taurantes bar, que amparados en esa licencia en realidad actúan como antros. A ellos sí les vamos a exigir que des­pués de la medianoche, que es cuando ya se presentan la acumulación de personas, esos restaurantes bar exijan el certificado de vacunación o las pruebas PCR”, explicó el emecista.

Aunque de parte de estos giros ha habido aceptación generalizada con estas nue­vas medidas, ante las multas que se impondrán para quie­nes incumplan el presidente municipal enfatizó que no se trata de medidas recaudato­rias, ya que con los operati­vos que implementarán estos días aplicarán apercibimien­tos, puesto que será hasta las reincidencias en las que se in­terpongan las sanciones.

Respecto al arranque de estas nuevas medidas el go­bernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, señaló por sus redes sociales personales que todo esto se implementa en aras de inhibir riesgos de contagio ante la llegada de ómicron a la entidad -que ha demostrado ser más transmi­sible-, en un intento por no frenar la economía como se vivió el año pasado.

“En resumen, debemos seguir con el cubrebocas bien puesto a donde quiera que va­yamos, mantener la distancia social y llevar certificado de vacunación o PCR negativa a ciertos lugares de entreteni­miento. Está en la cancha de todos seguir las medidas, con total responsabilidad y con la claridad de que lo que haga­mos o dejemos de hacer por cuidarnos del Covid-19 pue­de costar vidas”.

Según el gobierno estatal, la medida aplicará en espe­cífico para casinos, bares y antros, estadios, conciertos, salones de eventos, centros de convenciones y en general eventos masivos, y para cons­tatar el cumplimiento de esto, los respectivos municipios llevarán a cabo operativos de supervisión.

El certificado que se re­querirá puede ser con esque­ma completo o solo una dosis y solo aplicará para mayores de edad, en tanto que la prue­ba negativa deberá ser de tipo PCR impresa o digital con 48 horas de vigencia.

Otras de las medidas que cobraron efecto a partir de ayer tienen que ver con la disminución de aforos en es­tadios a un 60 por ciento y la restricción de eventos de más de 800 personas a menos que lo sometan a autorización con un mes de anticipación.

También, siguen suspen­didas –pero hasta el 12 de fe­brero-, las fiestas patronales, la fiesta del hijo ausente, pe­regrinaciones, carnavales, así como fiestas de calle, ferias, bailes o kermesse.

Diputados pedirían vigilar venta de pruebas

Ante el incremento en la demanda de pruebas para de­tectar el Covid-19, tras la lle­gada de la variante ómicron a la entidad, el diputado local de Morena, Óscar Vásquez Llamas, presentó un punto de acuerdo para pedir a la Profeco y a la Secretaría de Salud vigilar que no existan aumentos en los costos en las mismas.

El también integrante de la Comisión de Salud en el Congreso de Jalisco recalcó la importancia por supervisar este aspecto sobre todo ahora, tras el arranque de las nuevas medidas en la entidad, con la exigencia de certificados de vacunación o pruebas negati­vas PCR para eventos recrea­tivos y masivos en Jalisco.

Refirió que si bien auto­ridades estatales anunciaron estar listas con las labores de vigilancia para constatar el cumplimiento de las nuevas medidas, lo cierto es que no se contempla supervisión ni sanción para quienes comer­cien con insumos médicos a altos costos, pese al daño que se le genera al ciudadano que menos tiene.

“Hay quienes argumentan que, regulando los precios excesivos en los insumos de salud ante un aumento en la demanda de estos, es atentar contra la libre competencia, sin embargo, ante este con­texto, y tratándose de bienes de primera necesidad y de productos de salud, la no re­gulación implica realmente el atentado contra la compe­tencia leal y una afectación directa a la salud de la pobla­ción”, dijo el morenista.

Bajo la consigna de que no se debe poner por encima el interés económico privado por sobre la salud de la pobla­ción en general, recordó en todo caso que la Ley Federal de Protección al Consumidor, en su artículo 10 BIS, prohí­be aumentos injustificados en los precios, en un contexto de fenómenos naturales, me­teorológicos y contingencias sanitarias.

Aunado a esto, expresó, la propia Procuraduría Federal del Consumidor tiene faculta­des para la revisión y vigilan­cia de la información de pro­veedores, así como requerir medidas a fin de inhibir todo tipo de prácticas que lesionen los intereses de los consumi­dores.

“El aumento excesivo de los precios de las pruebas de detección de Covid-19, en el contexto de la emergencia sanitaria, es un supuesto que enmarca como casos graves contemplados en la referida ley, porque estaría afectando a un grupo de consumido­res, además que los provee­dores estarían aprovechando la escasez o la dificultad de abastecimiento de un bien o prestación de servicio, por lo que podrían ser acreedores de sanción”, insistió.