Qué más podríamos hacer, dice rector general

Todo y toda joven de Ja­lisco cuyo padre o madre haya sido elemento de se­guridad ciudadana y perdi­do la vida durante la reali­zación de su trabajo, tendrá ingreso directo a estudiar en cualquiera de los programas de educación media o licen­ciatura en la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Esto, mediante el Pro­grama especial de apoyo educativo para hijos e hijas de policías caídos en cum­plimiento de su deber en el Estado de Jalisco, mismo que fue aprobado en la se­sión extraordinaria del Con­sejo General Universitario (CGU) realizada este lunes.

En el Paraninfo Enri­que Díaz de León, los y las consejeras dieron luz verde a esta propuesta, mediante votación.

“Qué más podríamos ha­cer en una situación tan difí­cil, donde la violencia pare­ce que nos come y el Estado se ve rebasado”, señaló Ri­cardo Villanueva Lomelí, rector general de la UdeG.

“Cualquier jalisciense que pierda a su padre o madre por cuidar la vida de los demás, esa persona es una huérfana de todos nosotros; son hijos nuestros, del pueblo de Jalis­co. La Universidad pública de Jalisco merece hacerse responsable de la educación del hijo de cualquier policía que sea abatido en el cumpli­miento de su deber”, recalcó Villanueva Lomelí.

Indicó que este aporte es para darle seguridad a quie­nes salen todos los días a tra­bajar y arriesgan sus vidas: 22 mil 282 policías estata­les, 13 mil 314 municipales, 4 mil 833 de la Secretaría de Seguridad Pública, 2 mil 146 que están en prevención y reinserción social, mil 989 policías investigadores.

“Es una prestación que da la Universidad y que quisiéra­mos que nadie la use, pero me da mucho gusto que se vayan con la tranquilidad de que la UdeG les garantizará un acceso directo a sus hijos”, recalcó.

El dictamen número I/2021/1056 menciona que “se propone el ingreso directo a educación media superior y superior en la Red Universi­taria de Jalisco a hijas e hijos de policías caídos de corpo­raciones de seguridad pública municipal y estatal de nuestra entidad federativa”.

Guillermo Gómez Mata, secretario general de la UdeG, detalló el acta de la propuesta, donde se hace hincapié que la madre o el padre “debe ser servidor pú­blico que provea seguridad pública mediante preven­ción y combate del delito, debió haber perdido la vida por acción dolosa y que sea factible acreditar que la ac­ción dolosa en su contra es consecuencia del desempe­ño de sus labores”.

Indicó que se excluyen a aquellos policías que fa­llecieron en algún accidente aún en cumplimiento de su deber y quienes fueron ase­sinados por circunstancias ajenas a su trabajo.

Recordó que en México, de 2013 a 2018, 802 policías fueron abatidos y que en Ja­lisco fueron 41 elementos. De la cifra nacional, 90 por ciento fueron hombres, 86 por ciento de los homicidios fueron con arma de fuego y 81 por ciento ocurrió en la vía pública.

Para que surta efecto este programa, la UdeG habrá de consolidar los convenios ne­cesarios con las diferentes corporaciones de seguridad pública.