El colmo del cinismo:

Fotografía relevante a la nota.

Tras la recomendación emitida por la CEDHJ en torno a agresiones a periodistas por parte de Enrique Alfaro, el gobierno estatal consideró que la Comisión “prejuzga sobre un contexto específico y atribuye responsabilidades sin el menor sustento legal, lo cual constituye una violación a los derechos fundamentales”/Foto: Archivo Cuartoscuro

Después de que la Co­misión Estatal de los De­rechos Humanos de Jalisco dictó medidas cautelares al gobernador del estado, En­rique Alfaro, por la agresión a una periodista de los me­dios de la Universidad de Guadalajara, y diera cuenta de 24 agresiones contra re­porteros registradas en este año, el gobierno estatal acu­só a la defensoría de violar sus derechos humanos.

El viernes, Alfonso Her­nández Barrón, titular de la Comisión, precisó que las medidas cautelares se emi­tieron porque no funciona el mecanismo estatal para la protección de personas de­fensoras de los derechos hu­manos y periodistas; además, han detectado 24 agresiones contra periodistas en Jalisco durante 2021, que van desde descalificaciones hasta hosti­gamientos y amenazas.

“Esto habla de una fal­ta de política de estado para garantizar el ejercicio perio­dístico y el respeto a la dig­nidad de la y los periodistas”, dijo. Recordó que a pesar de que existen una ley nacional y otra estatal de protección a periodistas, éstas no se apli­can y ni siquiera existen me­canismos de denuncia.

Gobierno de Alfaro desmiente agresiones

El gobierno estatal infor­mó que atenderá las medidas de la recomendación emitida por la CEDHJ “con la debida diligencia, y se hará segui­miento puntual a lo planteado en dicho documento”.

Sin embargo, se dijo que para emitir las medidas cau­telares, la CEDHJ se sus­tentó en 24 supuestas agre­siones contra periodistas en Jalisco, las cuales no fueron notificadas al gobierno esta­tal, lo cual –dice el comuni­cado– “constituye una vio­lación flagrante al derecho humano al debido proceso, en lo relativo a la garantía de audiencia y defensa”.

El gobierno estatal inclu­so minimizó el documento de Derechos Humanos Jalisco, al señalar que las “supuestas agresiones a periodistas” se hicieron del conocimiento de la Comisión a través de notas periodísticas, “no a través de quejas formales presentadas por personas que ejercen el oficio periodístico”.

Sobre esto, el gobierno de Alfaro mostró su preocupa­ción, pues a raíz de este mo­nitoreo de medios, la CEDHJ Comisión afirma que “se de­nota un patrón de hostilidades dirigido a minar la legitimi­dad y condición psicoemo­cional de quienes ejercen el periodismo”, esto sin conocer de manera directa los proba­bles casos de agresión contra periodistas y sin haberlos do­cumentado o siquiera investi­gado. Por ello, consideran que la Comisión “prejuzga sobre un contexto específico y atri­buye responsabilidades sin el menor sustento legal, lo cual, paradójicamente, constituye una violación a los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución”.

Para cerrar la nota de pren­sa, el gobierno estatal dijo es­tar del lado de la garantía de la libre expresión, “del ejercicio del periodismo y el derecho a la información, respetando el trabajo de todas y todos aque­llos que practican esta profe­sión”, aunque lo ocurrido en la semana con medios dice lo contrario. (Con información de agencias)