Aspirantes con antecedentes de violencia de género quedarían fuera: Morena
Por Elizabeth Ríos Chavarría
“La probidad debe ser el requisito de elegibilidad porque no basta con comprometerse con la igualdad y la vida libre de violencias, sino ser congruentes en la vida cotidiana”, explicó Laura Imelda Pérez, diputada federal por Morena/Foto: Especial
Laura Imelda Pérez Segura, diputada federal por Jalisco de Morena, presentó una iniciativa de reforma a fin de establecer como requisito de elegibilidad, para ser legislador, el no tener condena o sanción alguna por violencia familiar, doméstica o agresión de género en el ámbito privado o público.
A decir de la morenista, el objetivo de la propuesta es claro: evitar que quienes representen al pueblo mexicano, ya sea en lo estatal o federal, sean personas con probidad y calidad moral para trabajar.
“La probidad debe ser el requisito de elegibilidad porque no basta con comprometerse con la igualdad y la vida libre de violencias, sino ser congruentes en la vida cotidiana. Hoy lo personal es político, y no se debe permitir agresores ejerciendo cargos públicos al amparo de la ley”.
Bajo la premisa de que no puede seguir gestándose en las instituciones del pueblo la impunidad, señaló que su propuesta contempla reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para establecer como requisito de elegibilidad –a quien aspire a una diputación- no haber sido condenados por lo ya mencionado, y por delitos sexuales, contra la libertad sexual o ser un deudor alimentario.
Dijo que en la reforma está contemplado un artículo transitorio con la finalidad que los congresos locales de las 32 entidades adopten estas disposiciones para quienes pretendan contender por un cargo de representación local.
En este sentido recalcó la labor que implementó el Instituto Nacional Electoral (INE) para que los partidos políticos asumieran el compromiso no solo de impulsar circunstancias iguales entre sus candidatos mujeres y hombres, sino que ninguno de estos contaran con antecedentes de violencia, sin embargo, estos se quedaron cortos.
Recordó que incluso se quiso fomentar la 3 de 3 contra la violencia, sin embargo, solo se pudo conseguir una muestra de mil 777 candidatos, en la que se concluyó que solo tres contaban con elementos suficientes para acreditar el cumplimiento de la misma.
Esto falló, añadió, porque el ejercicio se comenzó tarde, no se contaban con bases jurídicas para solicitar información del tema a otras instituciones y porque no había obligación legal de homologar registros y por ende elementos para cancelar alguna candidatura. De ahí la necesidad, insistió, de impulsar acciones a fondo para evitar que agresores de mujeres lleguen a cargos públicos.
“Por lo que resulta indispensable reforzar su mecanismo de actuación y otorgar garantías jurídicas, para que su aplicación sea correcta, vinculante y genere un cambio cultural de fondo”.