Truenan ante intentona de la Secretaría de Transporte

Momentos después de la conferencia donde se evidenciaba que el pretendido incremento lacerará el bolsillo sobre todo de quienes ganan menos, Diego Monraz salió a decir que se trata sólo de una revisión a la tarifa, a petición del Observatorio de Movilidad

Por Staff

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Francisco Javier Armenta Araiza, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la UdeG, señaló que en caso de que sea aprobado el aumento al transporte público durante las próximas semanas, el alumnado está dispuesto a realizar una manifestación para protestar en contra de tal medida, pues estaría atentando contra el bienestar de los jaliscienses/Foto: Especia


Un eventual incremento en el precio del transporte público afectaría considerablemente a los bolsillos de los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) hasta por el equivalente a más de un salario mínimo, afirmó en conferencia de prensa Héctor Iván del Toro Ríos, investigador del Departamento de Economía, del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la UdeG.

Detalló que si el gasto al mes que hace una familia promedio de cuatro personas en el transporte público, que tiene un costo unitario de 9.50 pesos, es de cuatro mil 256 pesos, es decir, mil 64 pesos por persona al mes; si aumentara a 10.50 como proponen los transportistas, gastarían cuatro mil 704 pesos, es decir, mil 176 pesos por persona mensualmente.

“Es un costo por arriba de lo que ganan las personas con el salario mínimo. Estamos hablando de que para cubrir el gasto de transporte de cuatro personas se requerirían 1.16 salarios mínimos”, explicó Del Toro Ríos.

Recalcó que muchas personas pagan hoy mucho más de los 266 pesos a la semana, pues no desembolsan 9.50 sino 10 pesos, debido a que el sistema de transporte no regresa los 50 centavos restantes. En realidad, los ciudadanos tienen que destinar cerca de cuatro mil 480 pesos al mes, que significan mil 120 pesos mensuales por persona.

Francisco Javier Armenta Araiza, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), señaló que en caso de que sea aprobado el aumento al transporte público durante las próximas semanas el alumnado está dispuesto a realizar una manifestación para protestar en contra de tal medida, pues estaría atentando contra el bienestar de los jóvenes y sus familias.

Dijo que ninguna instancia a la que acudió la FEU para pedir que el gobierno estatal corrija lo que consideró como “un robo” al no regresar los 50 centavos y que ha dado una ganancia en excedentes de más de 600 millones desde que se implementó el sistema de prepago, ha dado una respuesta positiva.

“El tema de los 50 centavos es un acto premeditado, con dolo, totalmente diseñado y planeado para utilizar estas alcancías, que es materia de corrupción. Desafortunadamente, tenemos una Fiscalía Anticorrupción que ni eso, ni muchas otras cosas, va a procesar; si no es por esa vía de la corrupción, tampoco es por la vía del amparo; lo único, es que una instancia federal en materia de corrupción” tome el caso, expresó.

Esto ayudaría a deslindar responsabilidades y a sancionar a quienes resulten responsables si se llega a comprobar la afectación a la ciudadanía, pero no para ordenar que cambien las alcancías, añadió.

Detalló que al 7 de diciembre las llamadas “alcancías rateras” han acumulado 633 millones 498 mil 242 pesos.
Secretario de Transporte
se defiende de los “dichos”

“La FEU y la UdeG volvieron a salir a mentir sin argumentos, sin elementos, vuelven a mentir asegurando que la tarifa del transporte público va a subir a 13 pesos, no hay un solo elemento que sostenga ese tipo de mentiras”, aclaró Diego Monraz Villaseñor, secretario de Transporte en conferencia de prensa, momentos después de la realizada por Héctor Iván del Toro y Francisco Armenta, aunque el catedrático y el líder universitario manejaron aumento de un peso, no de 3.50 pesos.

“Hay quienes se dedican a mentir, pretenden desinformar con rumores y llevar intereses políticos o encargos que les hacen para tratar de causar caos, malestar en la población más desprotegida económicamente, que son los usuarios del transporte público, no se vale seguir atacando al transporte de la gente que menos tiene”, señaló el secretario de Transporte.

Aún más, Monraz Villaseñor abundó en que no se trata de una aprobación del aumento, sino que se realizará, a solicitud del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, la revisión de la metodología y la forma en la que la Ley de Movilidad obliga a revisar de manera anual en el último trimestre del año los temas de la tarifa al transporte público a través del Comité Técnico de Revisión de la Tarifa: “Si la FEU estuviera participando como se debe en las sesiones del observatorio se darían cuenta de que estamos dialogando en ese sentido”, finalizó.

Reviran a Diego Monraz
“Ante cualquier tipo de aumento o movimiento en la tarifa del transporte público vamos a salir a las calles, así nos agarre el 25 de diciembre. No lo digo yo, si ves los antecedentes, siempre es en esa fecha, donde se suelen dar esos tipos de decisiones”, dijo poco después Javier Armenta, presidente de la FEU.

Recalcó que no mintieron en el señalamiento de que este año se revisará la situación de la tarifa y que deben de considerar lo dicho por el doctor Héctor Iván del Toro Ríos, quien compartió que de 20 a 28 por ciento de las familias en la ZMG viven con un salario mínimo.

Armenta Araiza cuestionó las acciones fraudulentas que ha emprendido la Secretaría de Transporte, como la acumulación de dinero derivado de las alcancías que roban 50 centavos al no dar el cambio en los camiones, Macrobús y Tren Ligero.
Sobre ese tema también el universitario le cuestionó sobre cuáles fueron los criterios de elección del modelo de alcancías, si en el mercado existen otras que sí dan el cambio.

A los dichos de Diego Monraz, sobre que la información es “incorrecta e indigna”, el líder estudiantil reviró:
“Lo que no es correcto y digno es que el sistema de transporte público no mejore y que me robe, y lo peor y más indignante: que hayan dado dinero público a los transportistas para comprar alcancías rateras que nos roban”.