Es desalentador que hagan recortes en la materia, acusan

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Porque lo etiquetado para el siguiente año no será sufi­ciente acorde a la magnitud del problema, el Consejo Estatal Ciudadano del Comité Coor­dinador del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas llamó a diputados del Congreso de Ja­lisco a brindar el presupuesto necesario a dependencias rela­cionadas al fenómeno de des­apariciones.

Mediante un pronuncia­miento el consejo, integrado por varias agrupaciones, re­calcó lo alarmante que resulta el hecho de que en el presu­puesto de gastos de Jalisco para el 2022 se hayan detecta­do reducciones a la Comisión de Búsqueda de Personas, al modelo de atención a vícti­mas, y al DIF –con el progra­ma Acompañar la Ausencia–, así como incrementos míni­mos a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas o el Instituto Jalisciense de Cien­cias Forenses (IJCF).

“Este presupuesto resulta insuficiente para poder asignar recursos a funciones operati­vas para la implementación de las nuevas leyes en mate­ria de desaparición en Jalisco. Además, consideramos que no es sustantivo para atender las nuevas desapariciones que continúan ocurriendo, y tam­poco refleja o toma en cuenta indicadores prioritarios para dar seguimiento a las tareas de búsqueda e investigación”.

Expresaron su preocupa­ción por que el presupuesto no tome en cuenta la dinámi­ca delictiva, pues los reajustes no muestran una proporción con el número de reportes, in­vestigaciones y personas des­aparecidas que día con día se suman a la estadística de más de 14 mil 700 desaparecidos en la entidad hasta noviembre del 2021.

Por el contrario, lamenta­ron que otras instancias, como el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión vayan a tener un presupuesto 83 por ciento ma­yor al destinado a la Comisión de Búsqueda, más cuando se sabe de las complicaciones que padecen familiares para buscar a sus seres queridos, ante los nulos avances de las instancias que deberían encargarse del tema.

“(Por ello) es indispen­sable dotar de recursos su­ficientes a la Comisión de Búsqueda para que las accio­nes de búsqueda de personas en vida puedan llevarse en condiciones dignas y de ma­nera diligente, evitando así que los trabajos se limiten al envío de oficios entre insti­tuciones”.

Con esto, añadieron, se reforzarían las acciones de búsqueda en regiones, per­mitiendo incluso que las fa­milias participen de manera activa tal cual lo marca la ley de personas desapareci­das, que entró en vigor en marzo pasado.

“(También) dotar de re­cursos suficientes a la Fis­calía Especial en Personas Desaparecidas para que es­tos puedan traducirse en in­vestigaciones realizadas en coordinación, eliminando así la responsabilidad de los familiares de realizar inves­tigaciones extra institucio­nales, arriesgando su vida para alimentar la carpeta de investigación previa”.