Es desalentador que hagan recortes en la materia, acusan
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Porque lo etiquetado para el siguiente año no será suficiente acorde a la magnitud del problema, el Consejo Estatal Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas llamó a diputados del Congreso de Jalisco a brindar el presupuesto necesario a dependencias relacionadas al fenómeno de desapariciones.
Mediante un pronunciamiento el consejo, integrado por varias agrupaciones, recalcó lo alarmante que resulta el hecho de que en el presupuesto de gastos de Jalisco para el 2022 se hayan detectado reducciones a la Comisión de Búsqueda de Personas, al modelo de atención a víctimas, y al DIF –con el programa Acompañar la Ausencia–, así como incrementos mínimos a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas o el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).
“Este presupuesto resulta insuficiente para poder asignar recursos a funciones operativas para la implementación de las nuevas leyes en materia de desaparición en Jalisco. Además, consideramos que no es sustantivo para atender las nuevas desapariciones que continúan ocurriendo, y tampoco refleja o toma en cuenta indicadores prioritarios para dar seguimiento a las tareas de búsqueda e investigación”.
Expresaron su preocupación por que el presupuesto no tome en cuenta la dinámica delictiva, pues los reajustes no muestran una proporción con el número de reportes, investigaciones y personas desaparecidas que día con día se suman a la estadística de más de 14 mil 700 desaparecidos en la entidad hasta noviembre del 2021.
Por el contrario, lamentaron que otras instancias, como el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión vayan a tener un presupuesto 83 por ciento mayor al destinado a la Comisión de Búsqueda, más cuando se sabe de las complicaciones que padecen familiares para buscar a sus seres queridos, ante los nulos avances de las instancias que deberían encargarse del tema.
“(Por ello) es indispensable dotar de recursos suficientes a la Comisión de Búsqueda para que las acciones de búsqueda de personas en vida puedan llevarse en condiciones dignas y de manera diligente, evitando así que los trabajos se limiten al envío de oficios entre instituciones”.
Con esto, añadieron, se reforzarían las acciones de búsqueda en regiones, permitiendo incluso que las familias participen de manera activa tal cual lo marca la ley de personas desaparecidas, que entró en vigor en marzo pasado.
“(También) dotar de recursos suficientes a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas para que estos puedan traducirse en investigaciones realizadas en coordinación, eliminando así la responsabilidad de los familiares de realizar investigaciones extra institucionales, arriesgando su vida para alimentar la carpeta de investigación previa”.
