Ni el gobierno ni la Universidad pueden tocar el dinero
La Suprema Corte “no le ha dicho al Gobierno de Jalisco que le tiene que dar ese dinero a la UdeG, lo que sí dijo es que debe regresarlo a la cuenta y mantenerlo ahí (hasta que la Corte emita una resolución)”, subrayó el rector
Es la primera vez en la historia que la SCJN admite una controversia constitucional a una universidad pública autónoma, destacó el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva/Foto: Cortesía
Tras darse a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó la controversia constitucional interpuesta por la Universidad de Guadalajara (UdeG), con la que se busca evitar el recorte presupuestal de los 140 millones, autoridades de la Casa de Estudio se dicen optimistas en el comienzo del proceso que con el que se defiende el patrimonio universitario.
En rueda de prensa, el Rector General, Ricardo Villanueva Lomelí, insistió en apelar al diálogo con el Gobierno del Estado.
“Quiero, una vez más, con el más alto espíritu universitario, invitar al Ejecutivo a frenar este atropello sin necesidad de llegar a los tribunales, al que tendríamos que llegar en caso de que siga esta cerrazón”, dijo.
“Quiero seguir intentando ese diálogo, que triunfe la legalidad, la razón, la división de poderes, la autonomía y el sentido de la importancia del museo y el hospital”.
El Abogado General de la UdeG, Juan Carlos Guerrero Fausto, reconoció la respuesta de la SCJN, pues significa que se han dado cuenta de que en Jalisco se está atentando contra la Constitución Política.
“Esto es muy importante porque quiere decir que el máximo tribunal del país va a revisar la constitucionalidad del acto que nosotros demandamos como ilegal, en el que incurrió el Gobierno de Jalisco, al reasignar un presupuesto que ya le pertenecía a la Universidad, pues al ya estar etiquetado para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, se convierte en patrimonio de la institución”, detalló.
Por lo pronto, la SCJN ya ordenó que esos 140 millones de pesos no se toquen, hasta no resolverse dicha controversia, sin importar que el Gobierno de Jalisco haya anunciado que se reasignarían a las obras del Hospital Civil de Oriente.
Ricardo Villanueva aseguró que no tiene duda de que la Universidad saldrá victoriosa en esta controversia, pues no hay ningún artículo, en ninguna ley, que faculte al Ejecutivo de Jalisco a disponer de un presupuesto asignado y aprobado a un organismo público descentralizado como la UdeG
Villanueva Lomelí lamentó la respuesta del Gobierno de Jalisco ante esta suspensión. “En el comunicado del Gobierno de Jalisco es lamentable seguir escuchando una cerrazón y querer abrir un debate entre museo y hospital, cuando Jalisco ha reasignado más de 8 mil millones este año, cuando tiene subejercicio, cuando es dinero federal que se pone en riesgo y se tiene que regresar”, agregó.
Aseguró que no tiene duda de que esta Casa de Estudio saldrá victoriosa en esta controversia, pues no hay ningún artículo, en ninguna ley, que faculte al Ejecutivo de Jalisco a disponer de un presupuesto asignado y aprobado a un organismo público descentralizado como la UdeG.
Detalló, además, que dicha controversia aprobada va acompañada de una suspensión, en la que la SCJN sí ordena al Gobierno de Jalisco a que los 140 millones de pesos deben “congelarse” en la partida de origen y si no ésta debe reintegrarse a la cuenta correspondiente de la Secretaría de Hacienda.
“La SCJN no le ha dicho al Gobierno de Jalisco que le tiene que dar ese dinero a la UdeG, lo que sí dijo es que debe regresarlo a la cuenta y mantenerlo ahí (hasta que la Corte emita una resolución)”, subrayó Villanueva Lomelí.
“En caso de que el gobernador no reintegre ese dinero a la partida 4156, a la clave presupuestal de la UdeG, sí estaría cayendo en un desacato de una suspensión que nos ha otorgado la SCJN”, puntualizó el Rector General.
Juan Carlos Guerrero Fausto expresó que, además, la ministra de la SCJN Margarita Ríos Farjat dispuso que al 15 de enero de 2022 no se proceda a reintegrar los recursos a la Tesorería de la Federación (Tesofe), “quiere decir que la ministra dice que los recursos estarán salvaguardados, en tanto resolvemos el fondo”.
“La ministra ya dijo que para este fondo (los 140 millones de pesos) no aplicará la Ley de Disciplina Financiera y que la UdeG, en caso de que gane este juicio de fondo, podrá ejercerlo libremente sin regresarlo a la Tesofe”, informó Villanueva Lomelí
El rector reconoció los esfuerzos y reclamos de las y los 329 mil 47 jaliscienses que manifestaron estar de lado de la Universidad mediante las cartas que se están entregando en Casa Jalisco. Añadió que las caminatas continuarán para manifestarse por el respeto a la autonomía universitaria.
Un parteaguas para la defensa de las autonomías en México
Con la admisión de la controversia, la SCJN reconoce que en Jalisco se está atentando contra la Constitución Política; ése era el primer reto, aseguró Villanueva Lomelí.
“Es un logro histórico que se reconozca que somos un organismo con autonomía constitucional, y eso se ve reflejado en la aceptación de la controversia”, recalcó.
Afirmó que con esto, la UdeG marca un precedente nacional en la defensa de la autonomía universitaria, ya que “es la primera vez que una universidad pública presenta una controversia y se admite”.
“Esto marcará un precedente en la defensa de la educación superior en México”, que se ha visto vulnerada en varias latitudes del territorio.
“Desde 1824, que es cuando nace la República Mexicana, es la primera vez que se da el debate, en el máximo tribunal, de un asunto entre una universidad pública y un gobierno estatal. Esto garantiza el Estado constitucional de derecho, protegiendo la autonomía universitaria”, recalcó.
El Abogado General dijo que este juicio puede durar entre seis meses y un año. “Este es el inicio del juicio y le está dando 30 días al Gobierno de Jalisco para que manden todos los documentos que fundamenten lo que hicieron”.
El historial de la controversia
El 30 de septiembre de 2021 la Universidad de Guadalajara presentó una controversia constitucional por la violación a la autonomía universitaria a través del intento de reasignación de 140 millones de pesos de la Universidad de Guadalajara por el Gobierno de Jalisco.
La controversia tiene como fin evitar la intromisión de los poderes Ejecutivo y Legislativo respecto de la autonomía universitaria.
Este 10 de noviembre, la SCJN concedió la suspensión en favor de la UdeG para preservar los derechos de la universidad e impedir que se dispongan, reencausen o reasignen los 140 millones de pesos del presupuesto universitario asignados al Museo de Ciencias Ambientales.
En este caso, la SCJN concedió: Impedimento para el Ejecutivo Estatal para emitir actos cuyo efecto sea obstaculizar, frenar, impedir, disponer o reencausar los 140 millones de pesos.
En caso de haberse realizado cualquier acto que tuviera como fin obstaculizar, frenar, impedir, disponer o reencausar los 140 millones de pesos no surtirá efecto alguno.
Imposibilidad del Ejecutivo estatal para reasignar los 140 millones de pesos.
Llegado el 15 de enero de 2022 no se proceda a reintegrar los recursos no devengados y que sigan a disposición de la Universidad.
CUValles celebra la resolución
La comunidad del Centro Universitario de los Valles (CUValles) realizó este viernes la décimo novena Caminata por la Autonomía, la Salud y Educación en medio de un ambiente de satisfacción por la resolución de la SCJN, que frena el intento del gobierno estatal por recortar 140 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara, destinados a la construcción del Museo de Ciencias Ambientales (MCA).
Estudiantes y profesores del CUValles, con sede en Ameca, llegaron hasta la explanada del edificio de Rectoría General para marchar hacia Casa Jalisco y exigir que el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez devuelva los recursos y se concrete la construcción del MCA y también del Hospital Civil de Oriente (HCO), en Tonalá.
“Somos CUValles y vamos por los dos” fue el grito con el que 355 miembros de la comunidad de este plantel caminó en orden por las principales calles de la ciudad, en medio de porras, tambores y gritos.
El Rector del CUValles, doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, recalcó que la decisión de la SCJN es motivo de alegría para los universitarios, pues sienta la bases de la defensa de la autonomía.
“Venimos contentos porque mostramos la solidaridad del pueblo del CUValles, y por el apoyo que nos dio la SCJN al admitir la demanda de inconstitucionalidad”, que es un paso para la devolución de los 140 millones de pesos.
Navarro Navarro entregó cuatro mil 21 cartas que fueron recabadas en 22 municipios cercanos a Ameca y firmadas por ciudadanos que apoyan a la UdeG en la defensa de su autonomía.
Dijo que la UdeG no merece el trato que le ha dado el gobierno estatal, porque es una universidad que ha educado a cientos de generaciones de profesionistas y que ha ayudado a contener la pandemia del COVID-19 con pruebas de detección y aplicación de vacunas.
El Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara (SUTUdeG), licenciado José de Jesús Becerra Santiago, dijo que hay instancias que han recalcado los errores del gobernador, como es el caso de la SCJN.
“Afortunadamente, hay otros poderes nacionales. Ya el Congreso de la Unión emitió un punto de acuerdo para exhortar al gobernador a respetar la autonomía de la UdeG, y el día de ayer, el máximo órgano judicial en el país dio entrada a la controversia constitucional que impulsa la UdeG, donde le dicen al gobernador que es ilegal lo que está haciendo, que es violentar la autonomía de esta Casa de Estudio, al quitarle un recurso que ya le había dado el Congreso del Estado. Apelamos a que esos niveles de ley lo pongan en su lugar. Hoy ganamos una importantísima batalla”, expresó.
Al término de la caminata ofrecieron discursos también el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUdeG), licenciado Jesús Palafox Yáñez y el Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Francisco Javier Armenta Araiza, quienes hablaron en favor de la autonomía universitaria, la educación, la ciencia y la salud.
La comunidad del CUValles plantó, en el camellón frente a Casa Jalisco, un árbol conocido como encino borneo, que simboliza el que aparece en el escudo de la UdeG y del Estado de Jalisco; además de un agave conocido como maguey guadalajarense, considerado un símbolo de la diversidad biológica; ambas especies representan la preservación ambiental que será tema principal del MCA.
Con esta entrega en Casa Jalisco suman 80 mil 504 cartas firmadas por ciudadanos jaliscienses en apoyo de la UdeG.
Coinciden especialistas en la defensa de la autonomía universitaria
Especialistas de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) coincidieron en la importancia de defender la autonomía universitaria ante los embates que vive la educación superior en el país, y en virtud de las críticas que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador contra la UNAM y otras universidades de México.
Especialistas de la UdeG y UNAM coincidieron en la importancia de defender la autonomía universitaria ante los embates que vive la educación superior en el país/Foto: Cortesía
Al participar en el seminario “La autonomía universitaria en cuestión”, organizado por el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), el investigador y académico José Woldenberg dijo que para cumplir cabalmente con su misión, las universidades deben de ser autónomas, es decir, poder diseñar sus planes y programas de estudio sin interferencias, así como trazar líneas de investigación de manera libre y con libertad de expresión y pensamiento.
“El problema es que al Presidente de la república no le gustan las autonomías; le gustaría ejercer un poder ejecutivo como se ejercía a mediados del siglo pasado, es decir, un poder que concentre las facultades y no tenga contrapesos”, declaró.
El doctor Pedro Salazar, de la UNAM, señaló que las declaraciones infortunadas y raras por parte del titular del Poder Ejecutivo hacia distintas universidades, en particular hacia la UNAM, han generado preocupaciones y todo el conjunto de acciones y decisiones han venido a impactar de manera negativa el quehacer de la vida académica nacional, y potencian los riesgos de afectación a conceptos tan importantes como el de la autonomía.
“A la autonomía nunca la he concebido como un fin, es un medio para generar las condiciones necesarias para realizar el quehacer universitario en todas sus dimensiones, a plenitud. En ese sentido, la autonomía es condición de libertad y diversidad; una condición necesaria, aunque no sea suficiente, para el despliegue de las distintas tareas que tiene a su cargo la vida universitaria: investigación, difusión de la cultura, docencia y formación de estudiantes”, apuntó.
La doctora María Marván, también de la UNAM, precisó que junto con la autonomía universitaria hay que rescatar la laicidad de la educación y la pluralidad, ya que no solamente es injusto, sino peligroso, el pensar que la universidad tiene un pensamiento único.
“La universidad es parte del Estado, pero es una parte autónoma en ese Estado, y como tal le obliga toda lógica de transparencia, de acceso a la información y de rendición de cuentas, y esto se ha cumplido a cabalidad. Las universidades rinden cuentas y deben de seguirlo haciendo, y como parte del Estado son sujetos obligados frente a la sociedad”, comentó.
El doctor Roberto Rodríguez dijo que en el país existen 41 instituciones de educación superior autónomas, y en los últimos años el sector autónomo ha perdido representatividad cuantitativa, lo que es un indicador del escaso interés gubernamental de continuar desarrollando este modelo como vía estratégica del sistema nacional de educación superior.
“No obstante, en el pasado reciente las universidades autónomas consiguieron desarrollar procesos de crecimiento, descentralización, superación de la planta académica, ampliación de la infraestructura, creación de nuevas carreras y consolidación de posgrados, que fue posible por la distribución de fondos extraordinarios que apoyaban tales proyectos. Hoy, como se sabe, esos fondos prácticamente se han extinguido; a ello se agrega la tendencia también decreciente del gasto público en la educación superior y el correspondiente a ciencia y tecnología que, además, ha generado que al menos una docena de universidades autónomas estén en condiciones críticas y obligadas a una negociación bilateral poco transparente para acceder a recursos. Hoy la defensa de la autonomía es también la defensa del presupuesto”, apuntó.
El doctor Diego Valadés, de la UNAM, destacó que todos los estudios colocan a las universidades públicas entre las instituciones más confiables del país, lo cual significa que sí generan un cierto escozor para el poder público, cuyos titulares y órganos se encuentran en los últimos peldaños de la confianza pública nacional.
“Vale la pena que hagamos un análisis introspectivo y que preguntemos si no hay elementos que puedan dar lugar a críticas y que, en determinados momentos, puedan hacer vulnerables a las universidades. Las universidades están obligadas a una recapitulación del uso de sus recursos, porque también hay pecados en las instituciones”, indicó.
El doctor Adrian Acosta, investigador de la UdeG, apuntó que en los últimos 40 años existen episodios de conflicto entre instituciones de educación superior no sólo con órganos federales, sino también con los poderes estatales, lo que revela que los conflictos y las tensiones no están resueltos de una vez y para siempre.
“Lo que está ocurriendo hoy no es nuevo, quizás es escandaloso y preocupante por las implicaciones; pero esto ha ocurrido en otros momentos y tendrá que resolverse con una firme defensa de los enunciados constitucionales, pero también con mayores evidencias de lo que han hecho las universidades públicas autónomas a lo largo de esos 40 años”, dijo.
Explicó que el gobierno federal está empeñado en subordinar a las universidades a los dictados ya no constitucionales sino políticos y coyunturales, y esto se agrava porque no hay una política federal dirigida a las universidades.
“Es una crítica que se ha hecho a la autonomía sin existir una política clara hacia las universidades. Lo que tenemos es una política de abandono, se han recortado recursos, programas, bajo el supuesto falso de que éstos eran mecanismos neoliberales para la educación superior”, subrayó.
La doctora Soledad Loaeza, de la UNAM, dijo que es un momento difícil para las universidades, y en los últimos tiempos se ha sentido una inquietud por el futuro de los universitarios, de las universidades, de la formación de los jóvenes, de la investigación científica, de la creatividad y de todo aquello que tiene que ver con la misión y vocación de la universidad y que, en cierta forma involucra, el mundo de las artes.
“Lo que me preocupa es que al actuar de esa manera el gobierno manda un mensaje de que lo que le interesa es controlar todo lo que sea autónomo y poner fin a la libertad de enseñanza, investigación, pensamiento y expresión, y ese es el peligro mayor que estamos corriendo. La búsqueda del conocimiento no es necesariamente una actividad elitista. La misión de la universidad es transmitir los valores de la democracia y su visión se ve comprometida si es que se vuelve un transmisor de una doctrina única”, comentó.
El doctor Imanol Ordorika, de la UNAM, dijo que se ha perdido de vista la necesidad de reconocer la naturaleza política de las instituciones de educación superior, particularmente de las públicas, sobre todo en México, donde esto es bastante evidente. Las universidades son instituciones políticas de la sociedad, lo que no quiere decir equipararlas con partidos o sindicatos.
“Yo planteo que la mejor defensa que podemos hacer, desde la universidad, es, en primer lugar, reconocer nuestra apoliticidad interna, abrir procesos necesarios de transformación; nos regimos con leyes y normas muy anticuadas que no corresponden al México y la universidad que tenemos hoy en día, y tenemos que asumir una visión progresista, no defensiva de la autonomía, que vaya en la lógica de priorizar, darle la mayor claridad a los vínculos de la universidad con la sociedad. Reconocer que tenemos que cambiar desde adentro es la mejor manera en la que podemos asumir esa defensa, reconociéndonos como instituciones políticas de la sociedad”, expresó.
La doctora Angélica Buendía, de la UNAM, precisó que la autonomía universitaria está a debate a partir de una serie de eventos que se han señalado, y sobre las posturas del gobierno actual frente a las universidades públicas, la educación superior, la ciencia y la tecnología.
“De 1929 a la fecha se han vivido momentos distintos de la autonomía, acompañados de otros elementos como el financiamiento y la relación con la sociedad; de tal manera que la autonomía debería de ser comprendida en el contexto de las relaciones del Estado, las universidades públicas y la sociedad”.
El Rector del (CUCEA), maestro Luis Gustavo Padilla Montes, señaló que el objetivo de este espacio fue aportar a la reflexión y contribuir al desarrollo educativo del país.
“Nos encontramos frente a un desafío monumental y la mejor manera de poder contribuir, desde la academia, es creando estos espacios de diálogo, de reflexión, de escucha de los actores que están en los diferentes espacios, sobre su visión acerca de diversas problemáticas que estamos pasando como país”, apuntó.
Dijo que la autonomía ha sido históricamente un bien tutelado por el Estado, pero también autonomía significa una responsabilidad institucional; esa libertad que se tiene para autogobernarse, para garantizar la cátedra, investigación y atender los desafíos.
El seminario estuvo moderado por Gilberto Guevara Niebla, Director del Instituto de Investigación Educativa de la UdeG, quien compartió que el tema de la autonomía universitaria ha vuelto al primer plano de la discusión pública, y es el principio que regula la relación entre las universidades públicas autónomas y el Estado; mediante este principio se otorga a la institución universitaria la facultad de autogobernarse y administrar su patrimonio.