Incompleto y sin autocrítica el Informe de Enrique Alfaro

En materia de violencia y desaparecidos

Especialistas del CUCSH exhortan al gobernador a ser más mesurado en sus balances de seguridad y más sensible frente al dolor de miles de familias afectadas

El balance sobre la violen­cia homicida y la desaparición de personas que hizo el gober­nador de Jalisco, Enrique Al­faro Ramírez, es un ejercicio de simulación, incompleto y carente de autocrítica; utiliza datos a conveniencia, guarda silencio sobre hechos gra­ves, desconoce el esfuerzo de los colectivos de familiares y ofende la memoria de las víctimas, expresó la doctora Carmen Chinas Salazar, inte­grante del Comité Universita­rio de Análisis en materia de Personas Desaparecidas, del Centro Universitario de Cien­cias Sociales y Humanidades (CUCSH), de la Universidad de Guadalajara.

“En el informe no se dijo que Jalisco es la entidad del país con el mayor número de personas desaparecidas, a pesar de la negativa del go­bernador a reconocerlo. Los datos que muestra el Registro Nacional de Personas Des­aparecidas y No Localizadas son contundentes: en los tres años de este gobierno, 3 mil 928 personas se sumaron a la lista de desaparecidas, lo que representa alrededor de 20 por ciento del total nacional ocu­rrido en este periodo”, dijo.

Señaló que no se debe de pasar por alto el problema del subregistro, más grave aún en municipios rurales donde, a menudo, se amenaza o violen­ta a quien denuncia.

“En el informe no se dijo nada sobre la activa desapari­ción de personas, muchas de ellas menores de edad que es­tán siendo engañadas y atraí­das mediante falsos anuncios en redes sociales y otras pla­taformas. Tampoco se informó que en Jalisco reside el cártel más poderoso del país y to­das las implicaciones que eso tiene sobre la dinámica de la violencia en el Estado, las en­tidades vecinas y el país. No se mencionó que aquí existe un estado paralelo, que usa la violencia a su antojo y con­trola buena parte del territorio estatal”, subrayó.

Añadió que no debe descar­tarse que la reducción de ciertos delitos obedezca, no a que este gobierno esté mejorando su desempeño, sino al extraordina­rio poder que ha adquirido uno de los cárteles y a sus formas de gobernanza criminal.

“Lo que hay en Jalisco no es el imperio de la ley, sino una tregua precaria impuesta por el crimen organizado. Por esta razón, no debería el go­bernador presumir la menor tasa de homicidios dolosos que hay en Jalisco respecto a estados como Zacatecas, Mi­choacán o Guanajuato, cuan­do se sabe que buena parte de la violencia que se registra en esos lugares es violencia ex­portada, producida por una organización criminal que se ha expandido desde Jalisco y a la que no se le ha combatido aquí como se debe”, precisó.

La académica señaló que nada dijo el gobernador de la penetración del crimen orga­nizado en los cuerpos de se­guridad estatales y municipa­les, ya que en Jalisco muchos de éstos son parte del crimen organizado.

“Debe de reconocerse que esta administración sí ha ac­tuado en contra de los involu­crados. Más de 100 elementos han sido detenidos por su par­ticipación en este delito, pero habría sido saludable presen­tar un diagnóstico de la dimen­sión del problema y la estrate­gia para resolverlo”, resaltó la académica.

Chinas Salazar informó que los municipios con mayor nú­mero de desaparecidos son los de la región de la Ciénega como Ocotlán y La Barca, donde se presentan un mayor número de denuncias, aunque el problema está prácticamente en todas las regiones del Estado, con la di­ferencia de que en muchas enti­dades no se denuncia.

“Esto lo demuestra el nú­mero de colectivos que trabajan en Jalisco, que señalan que por cada desaparecido existen dos personas más en esa condición.El grupo de edad más afec­tado entre hombres es de 19 a 39 años, mientras que en muje­res es de 14 a 16, teniendo una alta incidencia en los 15 años, lo que hace suponer un problema de trata de personas”, expresó.

En cuanto a las cifras, dijo que en el caso del registro fe­deral, al día de hoy Jalisco presenta 21 mil 671 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas. De las desapa­recidas y no localizadas se tie­ne el registro de 14 mil 554; de las cuales, 14 mil 164 están desaparecidas y 390 son per­sonas no localizadas.

“Esto también es importan­te, porque cuando hablamos de personas desaparecidas, de acuerdo con la ley significa que están en riesgo o fueron víctimas de un delito. Perso­na no localizada es la que las autoridades dicen que se fue por su propio pie, no sabemos dónde están, pero no hay in­dicios de que su vida esté en peligro; pero en el discurso de la autoridad a veces se utilizan conceptos que no son los de la ley, esto para minimizar”, apuntó. El Coordinador del Co­mité Universitario de Análisis en Materia de Personas Des­aparecidas, doctor Jorge Ramí­rez Plascencia, expresó que es preocupante el enfoque del go­bernador de que ciertos indicios de violencia presentes en las víctimas confirman su vínculo con el crimen organizado.

“Es imposible que él no sepa que esas señales son parte de una economía de la violen­cia orientada a causar terror y a provocar la reacción de las autoridades, aun sobre vícti­mas elegidas al azar. Ofende la memoria de esas personas y las vuelve a victimizar”, dijo.

Explicó que, al margen de esta presunción equivocada, es una falta de ética dar a en­tender que ciertas personas, aun cuando tengan un historial criminal, merecen morir de forma violenta o que el Estado no necesita actuar mientras se maten entre ellos.

Ramírez Plascencia dijo que esta administración estatal considera un logro la localiza­ción de fosas y la recuperación de restos humanos, a menudo resultado de la búsqueda de colectivos o de denuncias anó­nimas, y no por acción de la autoridad.

“Queremos ser muy cla­ros: creemos que más bien el hallazgo masivo de cuerpos muestra el fracaso de la estrate­gia para frenar la desaparición de personas, al no prevenir que ocurran y, cuando suceden, al no localizarlas con vida en for­ma inmediata. Encontrar cadá­veres de manera masiva no es ningún mérito.

De hecho, la cantidad que se encuentra en algu­nos predios es indicador de la gravedad del problema. Sólo en sociedades que han padecido genocidios se ex­traen tal cantidad de cuerpos, señal aquí de una industria de la desaparición y el ex­terminio que se mantiene intacta y operando”, apuntó. Invitó al gobernador a ser más mesurado en sus balan­ces de seguridad, más sensi­ble frente al dolor de miles de familias afectadas y más responsable frente al grave problema de la violencia y la desaparición de personas que se vive en Jalisco.

“Descalificar las dudas y desacuerdos con su informe dificulta reconocer la crisis humanitaria en la que estamos y desalienta la colaboración con instancias y actores cuya participación es necesaria. No es con cifras a modo, gráficas vistosas y una retórica exalta­da que se logrará la seguridad y la paz que merece Jalisco”, concluyó.