La actual ley en la materia es anticuada: María Esther López

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Fotografía relevante a la nota.

La diputada morenista explicó que entre las modificaciones se busca ampliar el catálogo de conductas susceptibles a materia de responsabilidad política, además de asentar que el pleno analice y resuelva el recurso de revisión previsto en la etapa de examen previo/Foto: Especial

Con la finalidad de evitar que el análisis de las solicitu­des y el inicio o no de los pro­cesos deje de manejarse por grupos políticos, la diputada local de Morena, en el Con­greso de Jalisco, María Esther López Chávez, presentó una iniciativa para reformar la fi­gura de “juicio político” en la entidad.

A unos días de que conclu­ya la actual legislatura y como parte de su informe de activi­dades, la también presidenta de la Comisión de Responsa­bilidades -encargada de darle trámite a los juicios políticos- expresó la importancia porque esta figura en verdad sea efi­ciente en aras de sancionar a servidores públicos que incu­rran en alguna infracción.

“El juicio político es un instrumento creado para atemperar y circunscribir el orden jurídico y al ejercicio del poder público. El objetivo debe ser proteger al astado de los malos funcionarios y con­servar la confianza pública depositada en ellos. La actual ley es anticuada”.

De acuerdo a la iniciativa presentada, las reformas que propone para crear una nueva Ley de Juicio Político, entre otras cosas, ampliarían el ca­tálogo de conductas que pue­den ser susceptibles a materia de responsabilidad política; y asentaría que el pleno sea quien analice y resuelva el recurso de revisión previsto en la etapa de examen previo sin que tenga que turnar el escrito a la Comisión de Res­ponsabilidades.

“Por el contrario, en sesión pública estudiará los puntos torales de los agravios, le dará uso de la palabra al denun­ciante, quien expresará a su derecho convenga y después la asamblea en presencia de este discutirá y votará si los argumentos expuestos resul­tan suficientes para confirmar o modificar la resolución”, se lee en la iniciativa.

Con este último, justificó la legisladora, lo que se busca es que de frente también se les diga a quienes implementen los juicios políticos por qué se rechazaron sus peticiones, en caso de que sea el caso.

Por otro lado, y como parte de los resultados tras el trabajo hecho al frente de la comisión, la legisladora mencionó que durante los últimos tres años se le die­ron trámite a 72 solicitudes de juicio político. En total resolvieron 107 asuntos con respecto a decretos de ini­ciativa y procedimientos de juicio político.