Presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos denuncia amenazas de muerte

Por Pedro Zamora Briseño

Octubre 5, Colima, Coli­ma (apro).- El presidente de la Red Jalisciense de Dere­chos Humanos (RJDH), Ós­car González Garí, presen­tó una denuncia formal por amenazas de muerte de parte de exdirectivos del ejido Ayo­titlán, ubicado en la Sierra de Manantlán, municipio de Cuautitlán, Jalisco.

Con motivo de lo anterior, el activista levantó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalis­co (CEDHJ) y una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), además de que solicitó la intervención de la Coordinación del Mecanismo de Protección a los Defenso­res de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación.

De acuerdo con González Garí, las amenazas fueron vertidas en la oficina del Co­misariado Ejidal de Ayotitlán, Delegación Municipal del mismo nombre, por exdirecti­vos del ejido, en una reunión en la que los ejidatarios reci­bieron recursos provenientes de los “Contratos de Ocupa­ción Temporal” establecidos con el Consorcio Minero Be­nito Juárez-Peña Colorada, SA de CV, propiedad de las multinacionales “Ternium” (ítalo-argentina) y “Mital Ste­ele Arcellor” (india).

Señaló que las amenazas provinieron del expresiden­te del comisariado ejidal de Ayotitlán, Juan Díaz Aguilar, y el abogado del ejido, Leo­nel Corona Contreras, quie­nes, en presencia de integran­tes del Consejo Autónomo de Autoridades Nahuas “Te­namaxtla” de Ayotitlán (CA­ANTA), se expresaron en los siguientes términos:

“El licenciado Oscar Gon­zález firmó el convenio que se llevó a cabo con la familia del líder nahua de El Mameycito, Aurelio Deniz Gerardo, fungiendo como asesor jurídi­co de esa familia que firmó el convenio. Ahora no entiendo el porqué de ese tipo de ase­veraciones. Le vamos a dar una visitadita, ya lo verán, porque no es justo lo que está haciendo”.

El denunciante manifestó que en agosto de 2020 el líder indígena Aurelio Deniz Gerar­do había sido “amenazado de muerte en una sala del Palacio Municipal de Cuautitlán, Ja­lisco”, en presencia de autori­dades municipales, ejidales y directivos de la minera Peña Colorada, frente a elementos de la policía municipal.

Las amenazas, según de­nunció el dirigente de la RJDH, fueron proferidas en esa ocasión por el abogado Leonel Corona para obligar a Deniz a firmar un convenio y dejar sus parcelas de la comu­nidad El Mameycito, porque forman parte de la superficie arrendada por el ejido para que la minera deposite sus de­sechos industriales.

“A Leonel Corona, aboga­do del ejido Ayotitlán, yo no lo conozco, pues jamás hemos cruzado una palabra entre no­sotros, por lo que me extrañan las amenazas de muerte que me hizo llegar a través de los ancianos del CAANTA. Él ha­bla de mí como si fuéramos co­nocidos; pero no existe ningún nexo mío con él, por lo que me extraña su conducta delictiva y altanera. Es evidente que la ‘visitadita’ que ofreció hacer­me en Guadalajara, conlleva una amenaza implícita”, indi­có González Garí.

El presidente del organis­mo humanitario añadió que su papel en la Sierra de Ma­nantlán ha sido “pacífico y pacificador, pues la gente que estuvo a punto de tomar las armas para ocupar tierras, al entregarles el símbolo de la Bandera Internacional de la Paz se desistió de su intento y se plegó a nuestras orientacio­nes para buscar la justicia y la dignidad humana a través de medios y remedios pacíficos y legales; el CAANTA es la mejor expresión de esa labor humanitaria y vivificante”.

Se mostró convencido de que las amenazas sufridas se derivan de su participación a través de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, A.C. (RJDH), en el proceso de restauración de la ancestral comunidad indígena de Ayo­titlán, que en 1691 fue recono­cida por la Corona como Re­pública de Indios del Pueblo de Ayotitlán, Jurisdicción de Tuxcacuesco en la Provincia de Amula (Reino de la Nueva Galicia).

Óscar González narró que, en forma ordenada, pacífica y consensuada, a partir de octu­bre de 2016, el CAANTA ha pugnado por restaurar la co­munidad indígena ancestral de la Sierra de Manantlán, sin debatir con las autorida­des ejidales que, por estar estrechamente vinculadas a la empresa minera, se niegan al diálogo y tienen las ma­nos amarradas para apoyar a la mayoría de los comuneros y una parte de ejidatarios na­huas partidarios de la recons­trucción comunitaria, agraria, ambiental y territorial.

“Los integrantes de la RJDH acudimos en septiem­bre de 2006 al llamado de las víctimas del centenario di­ferendo territorial de Jalisco con Colima, derivado de una Recomendación que nosotros obtuvimos en septiembre de 1995 de la CNDH (Núm. 122/95 sobre Ayotitlán), en la que pugnamos la Red y el ombudsman nacional por la entrega de la dotación com­plementaria del ejido (15 mil hectáreas de las 50,332-50-00 has)”.

El activista refirió que las víctimas del diferendo terri­torial constituyeron el Frente Regional Pro-Manantlán y Cuenca del Marabasco, AC, pero “las actuales autoridades ejidales que encabeza el señor Roberto Cobián han olvidado la lucha de la Red y el Frente por aportarle al ejido la do­tación completa; sólo pelean por repartirse los 17 millones que cada año Peña Colorada les entrega como producto de leoninos contratos de ocupa­ción temporal, el último por 801 hectáreas en la Cuenca del Marabasco”.

Denunció que, al no con­sultar a los comuneros, las autoridades ejidales han incu­rrido en reiteradas violaciones a los Derechos Humanos co­lectivos de las comunidades nahuas Las Pesadas, La Asti­lla, Platanar, Plan de Méndez, Changavilán, San Antonio y El Mameycito.

“El derecho a la consulta libre, previa e informada ha sido pasado por alto una y otra vez, para imponer a los comuneros los acuerdos entre la industria minera y el ejido, por lo que las comunidades sufren constantes visitas de drones, policías de Colima con perros amaestrados para agredir, y la imposición de tiraderos de desechos de ma­terial ‘estéril’ (altamente tóxi­co) de la segunda mina más grande del país en la produc­ción de hierro”.

Aunado a lo anterior, seña­ló el presidente de la RJDH, “tengo encima una amenaza de muerte del comisariado eji­dal anterior, que está coludido con los intereses mineros con el actual, para eliminarme me­diante una ‘visitadita’ que han anunciado me harán a Guada­lajara. Las amenazas fragua­das en la Casa Ejidal, antes de ser contra mi persona, fueron contra tres integrantes del CAANTA: Santiago Flores Ciprián (presidente), Espiri­dión González (secretario) y  Fermín Flores Elías (vicepre­sidente)”.

Concluyó: “La Red de­fiende ahora el derecho que me asiste para defender de­rechos humanos en cual­quier parte del estado de Jalisco, incluidos los 406.8 kilómetros cuadrados que Colima le ha quitado a la comunidad indígena de Ayo­titlán, apoderándose de bie­nes ajenos para lucrar –sin su consentimiento– con sus minerales. Tarde o temprano Colima tendrá que discul­parse de sus fechorías a los nahuas jaliscienses, y devol­ver el territorio que usurpa desde 1920 hasta hoy.”