Hay 14 mil 13 personas desaparecidas, de acuerdo con cifras del gobierno federal

La violencia en la entidad superó la capacidad del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para la identificación de cuerpos

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A tres años de que un tráiler lleno de cadáveres en descomposición deambulara por la Zona Metropolitana de Guadalajara —porque la dependencia no sabía qué hacer con ellos—, poco ha cambiado la situación/Foto: Cuartoscuro

En Jalisco hay 14 mil 13 personas desaparecidas, de acuerdo con cifras del gobierno federal, y la vio­lencia en la entidad superó la capacidad del Instituto Jalisciense de Ciencias Fo­renses (IJCF) para la identi­ficación de cuerpos.

A tres años de que un tráiler lleno de cadáveres en descomposición deambula­ra por la Zona Metropolita­na de Guadalajara —por­que la dependencia no sabía qué hacer con ellos—, poco ha cambiado la situación, mientras que los procesos de búsqueda y reconocimiento de personas fallecidas sin identificar (PFSI) siguen siendo una tortura para las familias, considera Guada­lupe Aguilar, fundadora del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej).

Los datos dan cuenta de la tragedia que continúa: en septiembre de 2018, la Comisión Estatal de Dere­chos Humanos de Jalisco documentó que en el IJCF se acumularon 605 cuerpos no identificados que no se procesaron correctamente; 322 de ellos fueron coloca­dos, sin seguir ningún pro­tocolo, en un par de cajas de tráiler con refrigeración, provocando una crisis en la institución.

Información obtenida a través de Transparencia se­ñala que, a septiembre de 2021, en las instalaciones del instituto yacen 541 ca­dáveres no identificados; 2 mil 674 segmentos huma­nos, de los que aún se des­conoce a cuántas personas corresponden, y las osa­mentas de 328 más.

“En realidad no hemos visto mejorías en el resultado. Hemos visto que arregla­ron el edificio, que pusieron un área de búsqueda más decente, pero resultados, no tenemos, porque a diario aumentan los desaparecidos y seguimos padeciendo el hecho de que tienen miles y miles de cuerpos ahí, pero no hay resultados, no los en­tregan.

“Y cuando ya tenemos cuerpos identificados, o semi-identificados, en lugar de avocarse a entregarlos, la burocracia lo hace más largo”, señala Aguilar. Des­de octubre del año pasado, el colectivo Fundej instaló un módulo a las afueras del IJCF para orientar a las fa­milias que llegan a buscar a algún desaparecido y ha documentado casos en los que se han tardado hasta dos años en lograr identificar to­das las partes de un cuerpo para entregarlo a quien lo reclama.

“No puede ser esto, ha­bría que decirle al direc­tor del instituto [Gustavo Quezada Esparza] que con voluntad no van a sacar los cuerpos. El director tiene voluntad, pero le hace falta más autoridad y decirle a to­dos los trabajadores que de­ben tener resultados, porque sin resultados de nada sirve ir de aquí para allá haciendo acuerdos, porque a nosotros, como ciudadanos afectados, no nos interesa que haga acuerdos, nos interesa que entregue cuerpos”, subra­ya la integrante de Fundej, quien desde 2011 busca a su hijo desaparecido, José Luis Arana Aguilar.

Unos días después del 16 de septiembre de 2018, cuando se hizo pública la forma en que el IJCF guar­daba los cuerpos en los trái­leres, el gobierno estatal —entonces encabezado por el priista Aristóteles Sandoval— integró una comisión que, para desahogar los des­cansos del Servicio Médico Forense, autorizaría la inhu­mación de cuerpos de perso­nas fallecidas sin identificar en distintos panteones de la ciudad, después de integrar el archivo de identificación de cada una.

Desde entonces y a la fe­cha se han inhumado mil 174 cadáveres que se encuentran a disposición de la fiscalía del estado para ser identi­ficados. De acuerdo con la Dirección del Servicio Mé­dico Forense, desde el 16 de septiembre de 2018 al 2 de septiembre de 2021 se ha lo­grado identificar los cuerpos de mil 989 personas que in­gresaron como personas fa­llecidas sin identificar.

Aún no hay responsables

En el informe especial que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalis­co realizó por el caso de los tráileres se señala como res­ponsables al entonces fiscal del estado, Raúl Sánchez Jiménez; a Maricela Gómez Cobos, entonces fiscal Cen­tral; Fausto Mancilla Mar­tínez, exfiscal Regional; José Lino Morales Estrada, subdelegado adscrito a la Dirección de Investigación y Persecución del Delito de la fiscalía; Salvador Marco Antonio Cruz Flores, direc­tor de Recursos Materiales de la fiscalía; Bernardo Ar­zate Rábago, coordinador General de Administración y Profesionalización de la fiscalía; Luis Octavio Cote­ro Bernal, exdirector Gene­ral del IJCF; Eduardo Mota Fonseca, quien era director del Servicio Médico Foren­se, así como a Francisco Javier Ortega Vázquez, en­tonces coordinador de Re­cursos Materiales y Servi­cios Generales del IJCF.

En 2018, Sánchez Jimé­nez y Cotero Bernal fueron removidos de sus cargos tras los hechos y se inició un proceso penal por uso ilícito de atribuciones y fa­cultades en contra de quien fuera coordinadora de Ad­ministración de la fiscalía, Yolanda Salomé Santiago Villela.

El pasado 13 de septiem­bre, la Fiscalía Anticorrup­ción imputó por este caso a Luis Octavio Cotero Bernal, exdirector del IJCF, y lo acu­só de abuso de autoridad. El miércoles, la Comisión Es­tatal de Derechos Humanos emitió dos recomendacio­nes por desapariciones de personas en Jalisco. En ellas se pide al IJCF agilizar los procesos de identificación de cuerpos, puesto que hay casos de familias que llevan más de año y medio esperan­do dictámenes de genética.

Vinculan a proceso a exdirector de IJCF

Eduardo Mota Fonse­ca, exdirector del Servicio Médico Forense de Jalisco, fue vinculado a proceso por presunto abuso de autoridad en el caso de los cuerpos de personas fallecidas sin identificar apilados en cajas frigoríficas de tráileres en­contrados en septiembre de 2018.

La Fiscalía Anticorrup­ción de Jalisco informó que el exfuncionario es uno de los que autorizó colocar los cuerpos en los contenedores. Uno de los vehículos deam­buló dos días por la Zona Metropolitana de Guadala­jara, hasta que la población denunció el olor.

En la audiencia de vin­culación, realizada este jue­ves, el juez Decimoquinto de Control y Oralidad, lo­calizado en Puente Grande, escuchó los argumentos del Ministerio Público y de­terminó que Mota Fonseca puede seguir su proceso en libertad; sin embargo, tendrá que acudir a firmar al juzga­do cada 15 días, además de que no podrá salir del estado sin autorización judicial.

La fiscalía local señaló que el juez impuso un plazo de cinco meses para que se concluya la investigación.

Ubican 18 fosas este año

En lo que va de 2021, en Jalisco se han localizado 18 fosas clandestinas de las que se han rescatado los cuerpos de 245 personas, informó la fiscal Especial en Personas Desaparecidas de la Fiscalía de Jalisco, Blanca Trujillo Cuevas. La funcionaria se­ñaló que, hasta ahora, se ha logrado identificar a más de 50% de las personas locali­zadas en esas fosas.

La última fosa localizada por la fiscalía estatal está en el poblado de Acatitlán, en el municipio de Tlajomulco, de donde se extrajeron 18 bolsas con restos humanos; el sitio se encontró el pasado 10 de septiembre tras recibir un reporte sobre la presen­cia de cuerpos en un predio. Datos de la fiscalía estatal señalan que, en lo que va de la presente administración, en Jalisco se han localizado 82 fosas clandestinas, de las que se han recuperado 690 cuerpos, 397 secciones ana­tómicas y nueve osamentas.

Sin embargo, Trujillo Cuevas no precisó el estado de los 245 cuerpos recupe­rados en lo que va de este año.