Se les pagará, pero de forma austera, dice
Por Elizabeth Ríos Chavarría
“Al tener un salario pagado con el presupuesto público, igual que nosotros, están obligados a rendir cuentas y a demostrar que están cumpliendo con su responsabilidad”, sentenció el gobernador sobre las observaciones a la reforma a la ley anticorrupción 2.0, donde se retracta de quitarle el salario a los miembros del Comité de Participación Social/Foto: Captura de Video
Aunque no dejó de señalar cómo el trabajo de sus integrantes ha dejado mucho que desear, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció que darán marcha atrás a la reforma anticorrupción 2.0 en el apartado en el que se eliminaban los salarios del Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA); tendrán un salario, pero será austero, expresó.
En un video que difundió en sus redes sociales, el mandatario estatal anunció el veto a la reforma que recientemente aprobaron diputados locales, al señalar que no la publicará pues la enviará con observaciones al Congreso de Jalisco, a fin de que se regresen los salarios –aunque en menor medida– a quienes integran el comité.
“En un ejercicio nunca antes hecho he tomado la determinación de enviar observaciones al Congreso respecto a esta reforma que eliminaba los suelos de los consejeros ciudadanos, para construir en acuerdo con el Poder Legislativo y escuchar los argumentos que nos permitan corregir una planteamiento que, insisto, aunque compartimos en su espíritu, no compartimos en términos de su forma”.
Recordó que el tema de los salarios viene desde el Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que en Jalisco se debe replicar lo mismo, y aunque dijo que no se quiere mandar un erróneo mensaje desde la entidad con respecto al compromiso por combatir la corrupción, no dejó de cuestionar la labor de quienes integran el CPS.
“También es cierto que el trabajo de esta instancia ciudadana ha dejado mucho que desear. Pareciera que los intereses de grupo, los intereses políticos pesan más que su compromiso para poder construir un sistema más sólido”.
Por ello, explicó, entre las observaciones que ayer mandó al Congreso se encuentra el que si los consejeros recibirán un salario, este se determinará por el comité técnico de valoración salarial, definido a partir de la Ley de Austeridad; también, estos no podrán recibir recursos de otro lado, pues de lo contrario se pondría en entredicho su imparcialidad y compromiso en su labor.
“Tercero, vamos a exigir que haya rendición de cuentas de su trabajo y una evaluación puntual de lo que hacen. Al final de cuentas, insisto, al tener un salario pagado con el presupuesto público, igual que nosotros, están obligados a rendir cuentas y a demostrar que están cumpliendo con su responsabilidad. Por eso el Congreso tendrá tarea y responsabilidad de evaluar su desempeño”.
Además, incluyó en las observaciones que haya obligación de los integrantes del comité de presentar su situación patrimonial y de intereses -que las hagan públicas-, así como las causales por las cuales un consejero puede ser removido y el procedimiento para realizarlo.
