Por emitir sentencias contrarias para permitir torre de departamentos
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Aunque fue aprobado por el pleno del Congreso de Jalisco, algunos diputados votaron por desechar el inicio del procedimiento contra el magistrado Armando García (imagen 2), ya que se trata de una falta procesal, y las pruebas presentadas no alcanzarían para acreditar un daño grave/Fotos: Archivo Página 24
Con 24 votos a favor, el pleno del Congreso de Jalisco aprobó iniciar el procedimiento de juicio político en contra del magistrado Armando García Estrada, presidente de la cuarta sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) en la entidad.
El trámite se avaló en sesión extraordinaria y no todos los diputados estuvieron de acuerdo con esto, pues se presentaron cinco votos en contra y cuatro abstenciones.
Cabe recordar que un ciudadano presentó la solicitud de juicio político en contra del magistrado, por presuntas irregularidades en la construcción de una torre de departamentos en los cruces de Alberta y Otranto, en la colonia Providencia, ya que García Estrada emitió sentencias contrarias a las determinadas por otro magistrado para dar pie a la construcción.
Sin embargo, a decir de la presidenta de la Comisión de Responsabilidades, María Esther López Chávez, el dictamen fue enviado al pleno para que fuera desechado, ya que no se presentaron los respectivos elementos para documentar las irregularidades que le señalan al servidor público.
“Los juicios políticos tienen que ser apegadísimos a la denuncia, la causa de juicio político concreta. No estamos respondiendo ni a la fama del servidor público, ni a su comportamiento anterior, ni a su condición de servidor enemigo de otros políticos, ni mucho menos, aquí tenemos que apegarnos al derecho, a lo que la ley nos permite, y en ese término yo tomé la decisión de desecharlo, sin embargo, sí de dar vista al órgano interno de control del tribunal, para efecto de que se investiguen las faltas que sí se vislumbran”.
Dijo que a todo caso al órgano interno le correspondería analizar el caso y determinar alguna sanción, pues por los elementos aportados, consideró, no existen las bases suficientes para iniciar el juicio político en contra del señalado.
“Es una falta procesal que se presume puede haber causado algún daño a las partes, sin embargo, en las pruebas que nosotros recibimos y todas las pruebas que aportó (el que demandó) no nos da para entender que realmente haya habido un daño grave, ni siquiera daño al erario, ni siquiera que haya violentado los derechos humanos de nadie. Es un asunto procesal de un juicio de lo administrativo”.
Sin embargo, como la mayoría aprobó incoar (iniciar) con el proceso de juicio político, el señalado deberá ser notificado para que tome las acciones correspondientes y, de acuerdo a los procesos, el denunciante también aporte las pruebas respectivas para seguir con el trámite.
