Y que se castigue a quien contaminó con herbicidas
Por Elizabeth Ríos Chavarría
“Las autoridades de los tres niveles de gobierno están obligadas a la adopción de medidas preventivas para la protección del medio ambiente, y a prevenir las situaciones de peligro o reducirlas al máximo”, explicó Alfonso Hernández, ombudsman de Jalisco/Foto: Especial
Por el daño que sufrieron niños y adolescentes de Autlán de Navarro por el uso de agroquímicos o plaguicidas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emitió la recomendación 141/21.
La recomendación se hizo por violaciones de los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, a la protección del derecho a la salud, al medio ambiente sano y a los derechos de la niñez, atribuidas a la Semadet, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Secretaría de Educación Jalisco, así como al ayuntamiento de Autlán de Navarro.
El caso se dio a conocer desde el 2019, cuando varios medios de comunicación evidenciaron la detección de herbicidas en el organismo de niños y adolescentes de las localidades de Ahuacapán y El Mentidero, en mencionado municipio, con un estudio de laboratorio que se les practicó a partir de que estos presentaron dolor de cabeza, irritación de ojos, náuseas y vómito.
Por ello, en la recomendación se pidió, entre otras cosas, que las instancias municipales y estatales intervengan para garantizar el interés superior de la niñez y sus derechos humanos al medio ambiente, salud y educación; y que se lleven a cabo los procesos administrativos en contra de quien resulte responsable por esta grave situación.
Cabe recordar que la comisión inició de forma oficiosa una investigación, en su momento, la cual evidenció que la parcela que colinda con la escuela primaria Venustiano Carranza, en El Mentidero, era constantemente fumigada durante la mañana cuando los menores se encontraban en clases.
En este sentido, autoridades de la comisión informaron que dicha parcela pertenecía al plantel y que las personas que estaban a cargo en su momento de la dirección de la escuela la rentaban a un agricultor que trabajaba la tierra, por lo que fueron omisas de dar aviso a las autoridades toda vez que la ley estipula que este tipo de lugares solo deben servir para la investigación, enseñanza y divulgación.
Aunado a esto, encontraron pesticidas en las heces fecales de felinos de las regiones de Sierra de Amula y Costa Sur, así como algunas partículas agrotóxicas en el agua del pozo de suministro de El Mentidero, así como en su tierra.
“Las autoridades de los tres niveles de gobierno están obligadas a la adopción de medidas preventivas para la protección del medio ambiente, y a prevenir las situaciones de peligro o reducirlas al máximo, ejerciendo la concurrencia ambiental, para llevar a cabo una distribución de competencias, de forma en que la coordinación entre los distintos niveles sea óptima, y que cada uno actúe para intervenir en el problema”, informó el organismo.
