El vacío de poder que deja Enrique Alfaro, lo aprovechan los cárteles de la droga

Pese a la violencia que han sufrido aspirantes de distintos partidos –y que se materializa en asesinatos, secuestros, desapariciones y amenazas–, el gobernador Enrique Alfaro no ha dado respuesta a una solicitud puntual: instalar una mesa que establezca mecanismos para garantizar la seguridad de los contendientes

Por Gloria Reza M.

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Detrás del asesinato del presidente municipal de Casimiro Castillo, Alfredo Sevilla Cuevas, quien había solicitado licencia para poder reelegirse por MC, presuntamente está el CJNG, puesto que el grupo delictivo no estuvo de acuerdo en que volviera a participar en los comicios. Fue su última campaña/Foto: Especial

(apro).- En Jalisco, el actual proceso electoral que arrancó el 4 de enero con precampañas y que culminará el 6 de junio con la votación, se ha ca­racterizado por ejecuciones, privaciones de la libertad, desapariciones y amenazas a los candidatos de diferen­tes fuerzas políticas.

Actores políticos con tra­yectorias que oscilan entre 25 y 35 años, que pidieron no publicar su identidad por temor a represalias, coinciden en que en la mayor parte de la entidad el narcotráfico im­pone y apoya candidatos, en especial en las regiones Costa Sur, Altos Norte y Sur.

Uno de ellos aseveró que un aspirante y compañero de Movimiento Ciudadano (MC) tuvo que acudir con el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, para ob­tener su venia de participar en la contienda por un municipio de la región Lagunas.

Otro del mismo partido re­veló que detrás del asesinato del presidente municipal de Casimiro Castillo, Alfredo Sevilla Cuevas, quien había solicitado licencia para poder reelegirse por MC, presunta­mente está el CJNG, puesto que el grupo delictivo no es­tuvo de acuerdo en que vol­viera a participar.

En junio de 2020, como parte de la operación Agave Azul, la Unidad de Inteligen­cia Financiera de la Secretaría de Hacienda congeló las cuen­tas bancarias a cuatro munici­pios de la entidad, entre ellos Casimiro Castillo –ubicado en la Región Costa Sur–, de­bido a que se obtuvieron datos que sugerían compras de los ayuntamientos con empresas ligadas al lavado de dinero del CJNG.

Alfredo Sevilla desapa­reció el 10 de marzo; al día siguiente por la noche se re­cibió un reporte de que su camioneta estaba en el fon­do de una barranca, cerca del kilómetro 169 de la carrete­ra Casimiro Castillo-Autlán de Navarro, a la altura de El Mirador. Hasta la mañana del viernes 12 se percataron de que en el interior estaba el cuerpo del alcalde. Cua­tro días después la Fiscalía General del Estado confir­mó que Alfredo Sevilla ha­bía sido asesinado: tenía un disparo en la cabeza.

El 16 de marzo, el fiscal Gerardo Solís Gómez dijo, respecto al asesinato de Al­fredo Sevilla, que se inves­tigaba si el aspirante había sido amenazado de muerte “por problemas de natura­leza personal o relacionados con el trabajo que desempe­ñaba como alcalde”. Des­pués de esa fecha no hubo más pronunciamientos del tema.