Plantean propuestas para evitar la revictimización
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Los 22 aspirantes a conformar el nuevo Consejo Estatal Ciudadano de búsqueda, que forma parte de la Ley de Personas Desaparecidas, comparecieron ayer ante diputados locales de la Comisión de Gobernación.
Este órgano de consulta estará integrado por 11 personas y tendrá el objetivo de dar acompañamiento, como parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda, en todas las acciones o políticas públicas que se lleven al respecto.
Con diversos cuestionamientos a quienes pretenden formar parte del consejo, los que se entrevistaron en el Congreso de Jalisco pugnaron, entre otras cosas, por poner en marcha el banco estatal forense, participación activa de los municipios en temas de búsqueda, así como acompañamiento de verdad a familiares para evitar la revictimización.
En este sentido, Carlos Javier Nava, uno de los aspirantes, señaló que al momento de encontrar a una persona desaparecida en una fosa, cuyo cuerpo esté en un 90 por ciento, se entregue a sus familiares.
“Es sensibilizar al estado y entender el dolor y cómo ayudar a que esa búsqueda sí concluya e iniciar otro procedimiento. Promover el acompañamiento y si es posible se le ayude económicamente a las víctimas indirectas”.
También, destacaron posturas en torno a una mayor coordinación entre todos los involucrados en la materia, y la necesidad de mayores funcionarios capacitados en temas forenses, para que la labor sea integral y con verdaderos resultados.
Al respecto, Anna Karolina Chimiak, de Cepad, recalcó la importancia de incluir a familiares de víctimas en este consejo, pues los miles de desaparecidos en la entidad dan cuenta que resta mucho trabajo por hacer y que lo realizado hasta el momento no ha dado los resultados esperados.
“(Hay) más de 12 mil 500 personas desaparecidas, con poca eficacia en la localización y la impunidad casi absoluta con sólo seis fallos condenatorios. Gran parte de nuestras labores se han enfocado en brindar asesorías y orientación legal para la búsqueda de personas. Pretendemos hacer frente a las malas prácticas y deficiencias en la actuación de las autoridades y abonar a que se garanticen los derechos de las víctimas”.
El consejo debe estar conformado por cinco familiares de personas desaparecidas, con representación en al menos tres regiones estatales; tres especialistas en el tema; y tres integrantes de organizaciones civiles. Su cargo será honorífico, es decir, no recibirán salario y deberán estar elegidos a más tardar el 5 de mayo.
