EU sanciona a miembros del CJNG ligados a ejecución de Aristóteles

“Este grupo realiza ataques violentos contra rivales y funcionarios del gobierno”

Por Jesús Esquivel

Fotografía relevante a la nota.

“La Firma”, colombiano-mexicano y “La Gallina”, relacionados al asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval, supuestamente son los proveedores de apoyo tecnológico y de bienes y servicios para el CJNG amén de llevar a cabo los actos de violencia contra objetivos específicos/Foto: Cuartoscuro

Abril 6, Washington, Es­tados Unidos (apro) – El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones y desig­naciones en contra de un gru­po de operadores y sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), pre­suntamente responsables del atentado en contra de Omar García Harfuch y el asesina­to de Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco.

Por medio de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), el De­partamento del Tesoro esta­dunidense designó como nar­cotraficantes significativos a Carlos Andrés Rivera Varela, “La Firma”, y Francisco Ja­vier Gudiño Haro, “La Galli­na”, afiliados al CJNG.

“Estos dos individuos pre­suntamente han ayudado a or­questar asesinatos utilizando armas de alto poder a nombre del CJNG que, es responsable del trasiego a Estados Unidos de una proporción significati­va de fentanilo y otras drogas letales”, sostuvo el Departa­mento del Tesoro.

Rivera Varela y Gudiño Haro, pertenecen al grupo del CJNG que encabeza Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”, al que se le achaca el control de la plaza de Puerto Vallarta, Jalisco, y ser el autor intelec­tual de gran parte de la vio­lencia que azota a la entidad.

La OFAC también desig­nó en el mismo casillero a Alejandro Chacón Miranda, operador de los viajes de los miembros del CJNG y al que se le vincula a la vez con otras actividades ilícitas del grupo criminal que dirige Nemesio Oseguera Cervantes “El Me­cho”.

“Las acciones anunciadas hoy (martes) son un recorda­torio de que el Departamento del Tesoro continuará sancio­nando a todos aquellos que proveen respaldo al CJNG ya sean personas violentas o empresarios cómplices”, indi­có Andrea Gacki, titular de la OFAC.

Rivera Varela, “La Firma”, colombiano-mexicano y Gu­diño Haro, “La Gallina”, su­puestamente son los provee­dores de apoyo tecnológico y de bienes y servicios para el CJNG amén de llevar a cabo los actos de violencia contra objetivos específicos.

“Este grupo realiza ata­ques violentos contra rivales y funcionarios del gobierno en beneficio del CJNG para ganar control territorial en sus actividades del tráfico de drogas”, explica en gobierno de Joe Biden, a establecer las designaciones y sanciones.

Como ejemplo de los ac­tos de violencia, la OFAC subraya que “La Firma” y “La Gallina” presuntamente son responsables del atentado contra la vida de Omar García Harfuch, secretario de Seguri­dad del gobierno de la Ciudad de México, ocurrido en junio de 2020.

A la fracción del CJNG que dirige “El Sapo”, Estados Unidos también lo involucra en el asesinato del exgober­nador priista del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, llevado a cabo dentro de un restaurante en Puerto Vallarta el 18 de diciembre de 2020.

“Originalmente de Cali, Colombia, Rivera Varela re­sidió en México por muchos años, Gudiño Haro, nativo de Jalisco, es dueño y controla una compañía agrícola regis­trada en Puerto Vallarta; Agrí­cola Costa Alegre S.P.R., san­cionada y designada también hoy”, apunta la OFAC.

A Chacón Miranda el go­bierno de Estados Unidos lo identifica como una especie de agente de viajes de los miembros del CJNG e invo­lucrado en operaciones de lavado de dinero, además de dueño de la agencia de viajes, Dale Tours, en Guadalajara.

Con la designación emi­tida por el Departamento del Tesoro, los bienes e intereses de los tres narcotraficantes significativos que tengan en lugares bajo la jurisdicción estadunidenses quedan su­jetos a confiscación y se les congelan cuentas bancarias.

Se prohíbe a todo ciuda­dano o entidad de los Esta­dos Unidos tener cualquier relación con los designados y, la violación a esta medida implica multas monetarias a civiles que de hasta un millón 548 mil 75 dólares, por cada ilícito.

Para el caso de sanciones criminales, los empresarios o corporativos pueden ser sen­tenciados hasta 30 años de cárcel, ser multados con hasta cinco millones de dólares y la entidad aparte, deberá pagar hasta 10 millones de dólares y los civiles enfrentar un encie­rro de 10 años en prisión.

Share This Post On