Urge “ya” separar a alcalde de Tototlán y funcionario hostigadores
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Guadalupe Ramos Ponce y otras activistas acusaron que este caso no es el único, ya que tienen registrados al menos dos ex trabajadoras de Tototlán más a quienes servidores públicos violaron sus derechos/Foto: Captura de Video
Porque no se puede seguir revictimizando a la trabajadora del ayuntamiento de Tototlán que sufrió hostigamiento y acoso sexual de dos funcionarios de la administración municipal, colectivos feministas exigieron, de nueva cuenta, que se sancione y se separe del cargo al alcalde Sergio Quezada Mendoza y Efraín Martínez Íñiguez, director de Padrón y Licencias.
En conferencia de prensa, líderes de varias agrupaciones como G10 x Jalisco, Cladem o Mujeres por la Justicia Social, urgieron también a que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez ordene una investigación de las autoridades involucradas, como la Fiscalía Estatal, particularmente la Unidad de Investigación de Delitos Contra las Mujeres, pues la víctima había denunciado desde marzo pasado hostigamiento y el caso nunca avanzó.
“Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos atraiga el caso e investigue el retraso injustificado en atender las violaciones de los derechos humanos de la víctima, lo que ha ocasionado que viva violencia institucional y la continuidad de las violaciones a sus derechos humanos. Al mismo tiempo, que investigue si es de la oficina estatal de Derechos Humanos de donde se filtró a la prensa los audios de prueba que estaban bajo su resguardo”, refirió Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora de Cladem.
Además, pugnaron porque las autoridades electorales hagan lo propio y se castigue como consecuencia en torno a violencia política por razón de género, y que la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) brinde el acompañamiento correspondiente a la víctima.
En este mismo sentido, Ramos Ponce señaló que este caso no es el único, ya que tienen registrados al menos dos más, ex trabajadoras del gobierno municipal, a quienes sus derechos humanos se vieron violados por parte de servidores públicos.
“A otra chica, por ejemplo, la acusaron de un robo. Tuvo que pagar algo en tesorería que ella no había cometido y después la corrieron. La única manera de que ella no denunciara esta acusación falsa que le imputaron, fue que no le iban a dar la pensión de su padre muerto que era trabajador del ayuntamiento. Es decir, los derechos los negocian como si fuera cualquier cosa, así la obligaron a ella a salirse sin denunciar”.
El otro caso, detalló, se trató de una mujer que fue golpeada por un auxiliar de uno de los funcionarios señalados actualmente, solo porque esta le dijo que era lesbiana. Por lo cual refrendaron la exigencia porque se actúe en cuanto antes.
