No tienen ni la capacidad ni la voluntad para investigar: Periodistas

Darwin Franco Migues, Alejandra Guillén y Diego Petersen Farah expusieron el grave panorama en el webinar “El regreso del infierno: los desaparecidos que están vivos”

Voces reconocidas con el Premio Jalisco de Periodismo coincidieron en que las autoridades de los tres niveles de gobierno minimizan el grave problema de las desapariciones. No son capaces de investigar más allá de las fosas, en cerros, rancherías o pueblos donde muchas de estas personas viven y son explotadas sexualmente u obligadas a trabajar para el crimen organizado/Foto: Cortesía

Voces reconocidas con el Premio Jalisco de Periodismo coincidieron en que las autoridades de los tres niveles de gobierno minimizan el grave problema de las desapariciones. No son capaces de investigar más allá de las fosas, en cerros, rancherías o pueblos donde muchas de estas personas viven y son explotadas sexualmente u obligadas a trabajar para el crimen organizado/Foto: Cortesía

El fenómeno de los des­aparecidos no ha sido lo su­ficientemente dimensionado por el Estado mexicano, y no tiene las capacidades ni la voluntad para investigar más allá de las fosas, en cerros, rancherías o pueblos donde muchas de estas personas es­tán vivas, explotadas sexual­mente u obligadas a trabajar en actividades ilícitas.

Coincidieron los periodis­tas Darwin Franco Migues, Alejandra Guillén y Diego Pe­tersen Farah, durante su par­ticipación en el webinar “El regreso del infierno: los des­aparecidos que están vivos”, convocado por el Comité Or­ganizador del Premio Jalisco de Periodismo (PJP) 2020, y moderado por la periodista Claudia Rebeca Reynoso.

Los tres comunicadores han sido reconocidos con este galardón, precisamente por temas relativos a la violencia, la desaparición y la revictimi­zación de las familias.

El doctor Darwin Franco Migues, también investigador de la Universidad de Guadala­jara (UdeG), dijo que México ya supera las 74 mil desapa­riciones, y que las familias no presentan denuncias por desconfianza en la autoridad o porque quienes han parti­cipado en las desapariciones son militares o policías, y un ejemplo es lo ocurrido con los estudiantes de la Norma rural de Ayotzinapa.

“Jalisco, desde hace varios años, a pesar de que las auto­ridades han negado sistemáti­camente este problema, en la realidad es el segundo Estado con más desaparecidos. En los registros de la Comisión Nacional de Derechos Huma­nos (CNDH) hay 2 mil 169 desaparecidos, la mayoría de éstos son jóvenes de entre 14 y 29 años. En el caso de las mujeres, entre 12 y 24 años”, explicó el Director del medio independiente Zona Docs.

Además, hay 38 mil 500 personas fallecidas no iden­tificadas en los forenses, y en Jalisco más de 2 mil 300 personas fallecidas no identi­ficadas, algunas en el Servicio Médico Forense (Semefo) y otras inhumadas en panteones municipales de Guadalajara y Tlaquepaque y, en el peor de los casos, la autoridad no sabe dónde están, dijo.

Franco Migues relató el caso de Óscar Eduardo Núñez, de 18 años, el cual do­cumentó en un trabajo gana­dor del PJP 2019: tuvo que ser la madre de la víctima quien buscara, encontrara y explo­rara la fosa clandestina para hallar su cuerpo; y a la fecha, los autores de tal hecho y las autoridades omisas siguen impunes.

“El Gobierno de Jalisco tiene poco tacto y poca hu­manidad con las víctimas no identificadas, las tratan como objetos. Recuerden que cum­plimos dos años de cómo el Estado hacinó a 322 cuerpos de personas no identificadas dentro de dos contenedores frigoríficos”, compartió.

La maestra Alejandra Gui­llén, quien ha colaborado en publicaciones como El Puen­te, El Informador, la revista Proceso, Desinformémonos, Magis y Máspormás en Gua­dalajara, calificó de “emer­gencia humanitaria” lo que pasa en México, y que el Es­tado tiene responsabilidad. Se refirió al reportaje que realizó en mancuerna con Diego Pe­tersen Farah, en el que docu­mentaron la esclavización.

“Las autoridades no ofre­cen un análisis de contexto de por qué desaparecen las per­sonas, quiénes son, por qué no se están identificado los cuerpos en el Semefo, y es aquí donde el periodismo tra­ta de explicar ante toda esta ceguera”, destacó.

Recordó que en 2017 la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó una rueda de prensa para anunciar el ha­llazgo de personas desapa­recidas que estaban escla­vizadas por delincuentes en la sierra de Huisculco, en el municipio de Tala.

“La información está des­agregada, y si dan seguimien­to a las notas se darán cuenta de que, en cada caso que se anuncia, se puede hacer una gran investigación, porque no nos están diciendo más. Lo que justifican en las rue­das de prensa es que no nos pueden dar muchos detalles porque no hay información, y quédense con la duda, aunque sea un concepto casi de gue­rra”, explicó, para luego re­comendar a los estudiantes de periodismo que ahí tienen una ventana de oportunidad para investigaciones periodísticas.

Dicha rueda de prensa lla­mó la atención de Petersen Farah, quien platicó con Gui­llen. Fueron las periodistas Érika Kuru y Marcela Tura­ti quienes los acompañaron durante la primera visita al pueblo, y en cada visita  fue­ron construyendo fuentes confiables y algunos fami­liares de víctimas les dieron entrevista.

Alejandra Guillén dijo que hay personas desapare­cidas que están vivas, y por eso se les tiene que buscar. Ésa es una de las distintas expresiones, causalidades y motivaciones para desapare­cer a personas. “El demostrar esto nos llamó la atención para decir, esto hay que se­guirlo, hay que investigarlo”, agregó.

Explicó que hace falta que los jueces dejen entrar a los periodistas a las audien­cias de los juicios orales, ya que las declaraciones de los implicados pueden ayudar a esclarecer otros casos.

Denunció que en varias regiones de Jalisco continúa la presencia de grupos delic­tivos que han sometido a la población.

El periodista Diego Pe­tersen Farah, Jefe de Edición del diario El Informador, se­ñaló que en los 33 años que lleva en este oficio, el repor­taje en mancuerna con Ale­jandra Guillén ha sido el más complicado de su carrera. Respecto a las cifras, recordó que en el sexenio presidencial de Felipe Calderón, el perio­dista Mario Muñoz de Loza solicitó información a todas las procuradurías del país, y en esa época documentó más de 26 mil desaparecidos.

El problema de la desapa­rición es que hay una víctima que es el desaparecido y hay otra gran víctima: la familia, porque no sabe cuál es el pa­radero. El duelo es mucho más largo y mucho más in­cierto, no hay un sitio final, sino una especie de limbo; no hay muerte, tampoco hay vida. Es una especie de lim­bo donde están los desapa­recidos. Y segundo, la doble victimización por parte del Estado.

Dijo que las autoridades esperaban que fuera un fenó­meno pasajero, y no tienen capacidad de respuesta; ade­más de que la desaparición trae problemas legales sub­secuentes, por el patrimonio de las víctimas, hipotecas o la suspensión de la seguridad social de sus familiares.

“¿Y qué pasa cuando la autoridad que controla los te­rritorios es la delincuencia? El Estado renuncia a controlar el territorio y el crimen impone la ley. Las desapariciones en­tonces se dan en un contexto en el que el Estado es víctima y victimario. El Estado está obligado a hacer la investiga­ción, pero en convivencia con el crimen”, afirmó Petersen Farah, quien fue Subdirector del diario Siglo 21, director del periódico Público, colabo­rador del diario El País y de la revista Nexos.

Agregó que las desapa­riciones también se realizan para nutrir a ejércitos de la delincuencia; por ello, los desaparecidos no sólo deben ser buscados en fosas, sino en cerros y rancherías.