De los casos que se denuncian; la cifra real es desconocida: CEDHJ

La situación es crítica en la entidad, pues al preocupante número de casos se suma la falta de investigaciones efectivas de personal de la fiscalía estatal y de Ciencias Forenses, señaló la CEDHJ

Por Gloria Reza

En una nueva recomendación a la fiscalía estatal y al ICJF, Derechos Humanos Jalisco concluyó que ambas dependencias, así como autoridades de seguridad pública de los municipios, son responsables de la violación de derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica/Foto: Facebook @FiscaliaJal

En una nueva recomendación a la fiscalía estatal y al ICJF, Derechos Humanos Jalisco concluyó que ambas dependencias, así como autoridades de seguridad pública de los municipios, son responsables de la violación de derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica/Foto: Facebook @FiscaliaJal

(apro).- La Comisión Esta­tal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación después de documentar que en 27 quejas recibidas por la desaparición de 34 personas, entre 2017 y 2019, personal de la Fiscalía General del estado y del Ins­tituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) no realizó investigaciones efectivas que permitieran la localización e identificación de las víctimas.

La CEDHJ también señaló que diariamente son reportadas cinco personas como desapare­cidas o no localizadas, toman­do en cuenta que hasta el 31 de mayo se acumularon en el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición 7 mil 504 casos y para el 31 de agos­to ya eran 9 mil 583.

Esto significa que en 15 meses se sumaron 2 mil 79 nuevas víctimas, es decir, 26% más. Y muchas desapa­riciones no se denuncian, por lo que el número de casos se­ría mayor, de acuerdo con el organismo.

Sobre las 27 quejas, sostu­vo que en 16 de ellas encon­tró que el agente del Ministe­rio Público (MP) omitió dar mando y conducción a la po­licía investigadora, por lo que no hubo indagatoria. Tampo­co se tomaron en cuenta los datos relevantes que aporta­ron familiares de las víctimas para su localización.

En otras cinco de las que­rellas halló que los denun­ciantes declararon que en la desaparición de sus familiares participaron personas arma­das con uniforme, y en algu­nos casos se ostentaron como policías.

La CEDHJ conoció que los agentes del MP tienen una enorme carga laboral que no les permite desempeñar su función con eficiencia.

De acuerdo con la Fis­calía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD), de agosto de 2019 a la fecha se crearon cuatro agencias en la materia, pero son insufi­cientes debido al aumento de desapariciones.

En 2019, cada una de las 22 agencias de la FEPD reca­bó un promedio de 326 casos. En este año, con 26 agencias, atienden en promedio 368 de­nuncias, por lo que la carga laboral todavía es excesiva.

En las 27 querellas seña­ladas por la CEDHJ se docu­mentó la falta de coordinación entre el personal de la Fiscalía –responsable de las investiga­ciones de la desaparición de personas– y del IJCF, puesto que no se reportan entre sí los datos que recaban.

El organismo acreditó has­ta un año de retraso en el IJCF para realizar los dictámenes y confrontas de genética de las personas fallecidas con las de familiares de personas des­aparecidas.

Asimismo, solicitó a la au­toridad correspondiente la re­paración integral del daño, y acceso a la verdad y a la justi­cia a las víctimas indirectas de las 34 personas desaparecidas conforme marca la ley.

La CEDHJ concluyó que la Fiscalía y el IJCF, así como las autoridades de seguridad pública de los municipios donde ocurrieron las desapa­riciones, son responsables de la violación de derechos hu­manos a la legalidad y segu­ridad jurídica.

En tal sentido, demandó a ambas dependencias que, ante la carga excesiva de tra­bajo, requieran a las secreta­rías de Administración y de la Hacienda Pública que los proyectos de presupuesto de 2021 sean con perspectiva de derechos humanos.

A los agentes del Minis­terio Público a cargo de las indagatorias señaladas en la recomendación, les pidió es­clarecer los casos y se abra un proceso contra los servidores públicos omisos, además de deslindar responsabilidades “desde el enfoque de desapa­rición forzada, lo cual es un delito de lesa humanidad”.

Y a la Fiscalía le reiteró que cuando localice a una persona fallecida, comparta la información entre sus di­ferentes áreas para saber si cuentan con reporte de des­aparición, entre otras reco­mendaciones más.