Además de programas reeducativos: Diputada

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Con el objetivo de inhi­bir parte del problema que se vive en la entidad por vio­lencia de género, el pleno del Congreso de Jalisco aprobó que todas aquellas personas agresoras de mujeres acudan a programas reeducativos y realicen trabajo comunitario.

La propuesta, implemen­tada por la diputada del PRI, Sofía Berenice García Mos­queda, establece como obli­gatorio, en los delitos que sean cometidos por cuestio­nes de género, la asistencia a programas integrales, espe­cializados y gratuitos.

Para que esto sea posible legisladores reformaron la Ley de Acceso de las Muje­res a una Vida Libre de Vio­lencia, el Código Penal, y la Ley de Evaluación y Su­pervisión de Medidas Cau­telares y Suspensión Condi­cional del Proceso, pues los agresores también deberán llevar a cabo trabajo en fa­vor de la comunidad.

De manera específica, las reformas establecen que las personas agresoras deben obtener ayuda profesional adecuada, con el fin de que se superen y controlen emo­cionalmente la conducta agresiva que dio origen a la intervención.

Por ello, y a mandato de la autoridad competente, estos deberán asistir a pro­gramas, que se imparten en los centros de rehabilita­ción para tal efecto, para la erradicación de conductas violentas hacia las mujeres, como una forma de abonar más en eliminar comporta­mientos machistas que hoy en días actuales persisten.

De acuerdo a la diputada proponente, también se esta­blece que en los delitos por cuestiones de género, en agra­vio de las mujeres, se aumen­tará la pena privativa de la li­bertad en una tercera parte.

Respecto a lo del traba­jo comunitario, que deberán prestar en beneficio de la co­munidad, será la misma Se­cretaría de Igualdad Sustanti­va Entre Mujeres y Hombres (SISMH) quien auxiliará en la ejecución del mismo, durante todo el proceso penal.

En este sentido, la secre­taría deberá vigilar en todo momento que se preste el servicio social a favor del es­tado o de las instituciones de beneficencia pública; evaluar, en conjunto con la Secretaría de Seguridad, en qué casos se requiere la colocación de lo­calizadores electrónicos; así como diseñar e implementar programas reeducativos, inte­grales y gratuitos, para todas estas personas agresoras de mujeres.