Esposa y abogado denuncian cerrazón en fiscalía, CEDHJ, anticorrupción…
Recientemente había sido condecorado por su impecable labor de 15 años de servicio; él no ordenó reprimir y levantar a manifestantes, pero lo están forzando a inculparse, denunciaron
Por Rafael Hernández Guízar
Tras denunciar que su marido es víctima de manejos políticos, Cinthya Hernández, esposa del comandante Salvador N., “J3”, ha padecido hermetismo total por parte de la fiscalía, incluso de la misma CEDHJ, la cual “se ha negado” a prestarles apoyo, ni siquiera para verificar que se respeten los derechos del detenido/Foto: Especial
Cinthya Hernández, la esposa del comandante Salvador N., “J3”, dijo que su esposo es víctima de un manejo político.
La mujer del comandante de la policía ministerial, lamentó la forma en que se ha tratado el caso de su marido por la Fiscalía General del Estado (FGE) pues fue detenido presuntamente por ser el responsable de las detenciones arbitrarias y los excesos cometidos contra manifestantes el pasado viernes 5 de junio en la marcha que exigía justicia por Giovanni.
Acusó manejos políticos para inculpar a su esposo.
“Es meramente político (el caso), yo ya no me quiero meter, quiero dejar a mi esposo libre, es muy cansado buscar a un responsable, yo sé que mi esposo es inocente y lo que estamos buscando es que salga”, dijo.
Ante la pregunta de quién es el que podría querer inculpar a su marido, Cinthya Hernández, sentenció: “Para mí, ‘J1’ y el fiscal, desconozco si hay una persona que diga de verdad ‘yo fui’, porque es lo que no hay, una persona que se puede decir que fue el culpable”.
Dijo también que han vivido un hermetismo total por parte de la fiscalía, incluso de la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), la cual “se ha negado” a prestarles apoyo, ni siquiera para verificar el cumplimiento de los derechos de su esposo, los cuales dijo, han sido violentados de forma reiterada.
“Un hermetismo total (…); empezamos a pedir pases para poder verlo tanto en recursos humanos, derechos humanos, visitaduría, en ningún lugar nos dieron respuesta favorable, todo el día lo estuvimos buscando, queriendo saber mínimo si estaba bien. Se escuchaban voces que decían que estaba lastimado, que estaba golpeado, y hasta las siete de la noche del día sábado nos dieron autorización para verlo, nada más fui yo la persona que lo vio, el abogado intentó entrar y no lo dejaron. Nunca fue positivo nada ahí, la única opción que nos dieron fue ‘ahí está’, y ya; cuando pude verlo fue a través de un cristal muy sucio, en una llamada súper transferida, y nada más me dijo que lo detuvieron, que fue por el operativo que pasó, pero me dijo que decían que había dado una orden y que él no había dado nada”.
Hoy se desarrollará la audiencia de vinculación a proceso, y Cinthya y sus tres hijos viven consternados por la ausencia de su esposo, el comandante que contaba con 15 años de trayectoria en la fiscalía, y que días antes de lo sucedido, había sido condecorado, elevado de rango, por su desempeño y probidad en el área de secuestros.
Por su parte, Óscar Díaz Torrejón, abogado defensor del comandante en cuestión, sentenció que el caso es político y no jurisdiccional.
Resaltó que se han inventado pruebas y hay reiteradas violaciones al debido proceso.
“Lo mantienen incomunicado, y curiosamente, derechos humanos, visitaduría, la fiscalía anticorrupción, y hasta un juez de distrito (…) encontramos una cerrazón en todas las dependencias, y queda claro que alguien con mucho poder lo hizo, bloquearnos como defensa para mantenerlo aislado y hacer lo que ellos quisieron”.
Pero el abogado fue más allá: “El problema, yo siempre lo dije y se lo dije a la familia, no es jurídico, el problema es político, cuando un político mete las manos en estas cuestiones eso es lo que padecemos, y la verdad esta situación nos la crea a todos no nada más al Comandante y la familia, es una violación muy descarada, muy cínica (…) ‘J1’ armó todo, eso es historia que se le va a caer por supuesto y, al que tenía a la mano pues fue al comandante Perea, y efectivamente lo agarró de chivo expiatorio ‘tú vas a pagar lo que yo hice’”, dijo el abogado.
Finalmente, resaltó que interpondrían una solicitud de juicio político contra el gobernador Enrique Alfaro, así como una denuncia y una demanda contra el fiscal general, Gerardo Octavio Solís Gómez, ante los hechos que vive su cliente.
