Numerosos elementos acreditan la detención ilegal, tortura y muerte del joven a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos

Por Gloria Reza M.

La muerte de Giovanni López ha desatado protestas en demanda de justicia, que se han multiplicado en redes sociales. Tras indagar el hecho, la CEDHJ encontró que se trató de una ejecución extrajudicial, “ya que su fallecimiento ocurrió bajo la custodia de elementos policiales y en instalaciones del gobierno municipal” de Ixtlahuacán de los Membrillos/Foto: Twitter

La muerte de Giovanni López ha desatado protestas en demanda de justicia, que se han multiplicado en redes sociales. Tras indagar el hecho, la CEDHJ encontró que se trató de una ejecución extrajudicial, “ya que su fallecimiento ocurrió bajo la custodia de elementos policiales y en instalaciones del gobierno municipal” de Ixtlahuacán de los Membrillos/Foto: Twitter

(apro).- Tras realizar una investigación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) informó que existen elementos para acreditar que la muerte de Giovanni López fue una eje­cución extrajudicial, “ya que su fallecimiento ocurrió cuan­do se encontraba bajo la cus­todia de elementos policiales y en instalaciones del gobier­no municipal” de Ixtlahuacán de los Membrillos.

El organismo también refirió que los actos de los policías municipales contra Giovanni López se realiza­ron el pasado 4 de mayo con la intención de “someterlo, causarle sufrimiento e intimi­darlo”.

Recalcó que los golpes y lesiones que le ocasionaron los elementos “fueron de ma­nera consciente y despropor­cionada, lo que derivó en su fallecimiento”.

Con su actuar, “los agentes policiales generaron actos de tortura, violando su derecho a la integridad personal”.

Otro punto relevante que arrojó la investigación del or­ganismo es que la detención se hizo sin que hubiera un de­lito penal de por medio.

“Es decir, fue un arresto administrativo, cuya presunta causa fue por alterar el orden; sin embargo, para esta defen­soría fue una detención ilegal, arbitraria y por ello, violatoria de sus derechos a la libertad y seguridad personales”, men­cionó en un comunicado.

Ante estas circunstancias, la CEDHJ propuso al go­bernador Enrique Alfaro dar seguimiento a la reparación integral del daño, a cargo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco, así como garantizar el acceso a “la ver­dad y a la justicia a favor de las víctimas”.

A la vez, el organismo pi­dió que el Ejecutivo se coor­dine con municipios y otros poderes para establecer polí­ticas públicas con el objeti­vo de prevenir más casos de ejecuciones extrajudiciales, y se reporten casos como el de Giovanni, a la Fiscalía Anti­corrupción y a la CEDHJ para una “aclaración inmediata y efectiva”.

Una sugerencia más es que se haga una reforma al Código Penal para tipificar el delito de ejecución extrajudi­cial, y que el Congreso local adopte las modificaciones que proponga el Ejecutivo.

Transparencia

A la Fiscalía del Estado de Jalisco, que encabeza Gerar­do Solís Gómez, le solicitó transparencia y acceso a la CEDHJ, así como a la socie­dad en casos como el de Gio­vanni, a fin de que se respeten los derechos humanos de las víctimas y se esclarezcan los hechos, “sin descuidar sus fa­cultades investigadoras, ni de procuración de justicia”.

También requirió a la Fis­calía estatal que instruya a los agentes ministeriales que co­nocen sobre la investigación del caso de Giovanni para que esclarezcan los hechos delictivos “derivados de la detención, traslado, custodia, lesiones, tortura y demás ac­ciones u omisiones” que con­llevaron a su fallecimiento.

Asimismo, que identifi­quen a los autores materiales e intelectuales “y se sometan al procedimiento judicial res­pectivo para que se garantice a las víctimas el acceso a la verdad, a la justicia y la repa­ración integral del daño”.

Hace seis días se informó de la detención del comisa­rio, de un mando medio, y un policía, mientras que ayer ya fueron vinculados a proceso.

Debido a que la familia del finado asegura haber sido amenazada, la Fiscalía debe­ría proporcionarle órdenes de protección, expuso.

Al ayuntamiento de Ixt­lahuacán de los Membrillos le pide reparación integral del daño a la familia de la víc­tima, así como tratamiento médico y psicológico en caso que lo requieran.

Otro punto es que el mu­nicipio deberá emitir proto­colos para evitar ejecuciones extrajudiciales, y mejorar equipamiento de los separos, así como la atención médica, debido a que en la cárcel no había cámaras de seguridad, ni un médico de guardia.

La recomendación también va dirigida al Poder Judicial y al resto de los 124 ayunta­mientos del estado.