Por Mathieu Tourliere
El momento de la violenta detención de Giovanni López, hace un mes, a manos de policías de Ixtlahuacán/Foto: Tomada de video
Junio 4, Ciudad de México (apro).- En la muerte de Alejandro Giovanni López Ramírez existe una “presunción general de la responsabilidad del Estado”, señaló la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ONUDH).
En tal sentido, exigió “investigar a todos los funcionarios e instituciones responsables de la custodia del Sr. López Ramírez desde su detención y hasta su fallecimiento”.
El organismo urgió a las autoridades a “realizar una investigación pronta, efectiva, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente” sobre la muerte del hombre de 30 años, albañil de profesión, quien perdió la vida el pasado 5 de mayo, durante su custodia por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, quienes el día anterior lo arrestaron por una falta administrativa.
“Al día de hoy, la ONU-DH no ha recibido información que justifique el uso de la fuerza letal” en este caso –que está causando una gran indignación en México–, indicó la institución internacional, y tras recalcar que las muertes ocurridas bajo la custodia del Estado “se presumen como potencialmente ilícitas”, exhortó a las autoridades a observar “las políticas internas, cultura institucional y fallas sistémicas que contribuyeron a que una detención tuviera un desenlace letal”.
De acuerdo con la familia de la víctima, al día siguiente de que López Ramírez fue arrestado por cuatro policías municipales –supuestamente por no traer cubrebocas–, terminó en el Hospital Civil, donde falleció por traumatismo craneoencefálico. Según su hermano, el cuerpo tenía huellas de tortura y un balazo en la pierna.
Los familiares declararon que el presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes, les ofreció 200 mil pesos y los amenazó de muerte para enterrar el asunto. El tema pasó al olvido durante un mes y los policías no sufrieron consecuencia alguna, hasta que el video empezó a circular en redes sociales y medios de comunicación.
El jueves, el fiscal del estado, Gerardo Solís Gómez, dijo que se investiga a los policías por abuso de autoridad, y reconoció que “dado el resultado de la autopsia, que también ya obra en actuaciones, se advierten una serie de lesiones que por su naturaleza llevan a una gravedad extrema que puede propiciar la muerte”.
