Diputados acatan veto de Enrique Alfaro
Por Elizabeth Ríos Chavarría
La propuesta fue planteada por la legisladora Priscila Franco Barba, quien tras la resolución del pleno señaló que al final se mantuvo la esencia de lo que planteó, pues “se respetaron los derechos humanos”, dijo/Foto: Francisco Tapia
Pese a que la propuesta la implementaron diputados emecistas, al final el pleno del Congreso de Jalisco acató el veto que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez le dio a la iniciativa que planteaba eliminar la carta de no antecedentes penales o carta de policía para conseguir empleo.
Con reformas o ajustes que legisladores le hicieron a las leyes orgánicas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y la del Poder Ejecutivo, así como al Código Penal, la figura de “constancia de antecedentes penales” se mantendrá, por lo que los patrones podrán seguir requiriéndola a aquellos que deseen conseguir un trabajo.
De acuerdo al documento aprobado, esta carta podrá pedirse en todos los aspectos contemplados en la Ley Nacional de Ejecución Penal, eso quiere decir a quienes busquen un cargo en seguridad pública o privada, por petición de una autoridad judicial, así como en el trámite de las licencias para portación de armas.
Además, también podrán solicitarla autoridades administrativas y judiciales con fines de investigación, o en aquellos casos en que sea requerida por una embajada o consulado extranjero en el país.
Priscilla Franco Barba, diputada local del MC y quien en su momento impulsó la iniciativa, señaló que si bien no se aprobó al final como se planteó al inicio, se logró salvaguardar la esencia de la misma, que era respetar y garantizar los derechos humanos de las personas.
También, y entre las modificaciones, se aprobó reformar la Ley de Ingresos del estado, como contrapropuesta del ejecutivo, a fin de que el costo para obtener la carta disminuya de 70 a 40 pesos.
El 22 de enero pasado legisladores aprobaron la iniciativa de la diputada emecista, estableciendo que la carta que emite el IJCF solo se requeriría en cuatro supuestos, relacionados a temas de investigación o seguridad. De acuerdo a la premisa de la emecista, la eliminación se daría a fin de evitar más discriminación en quienes buscan espacio en la vida laboral.
Sin embargo, a inicios de febrero el Ejecutivo vetó la propuesta, tras señalar que los empleadores de las empresas privadas tienen derecho a conocer el historial de quien solicita empleo. Además, envió una contrapropuesta al legislativo a fin de disminuir el costo de la emisión del documento.
