Es una recomendación obligatoria para el Estado: Raquel Gutiérrez Nájera

Es un logro de los pobladores que presentaron la petición con el apoyo de especialistas de la UdeG, señala la doctora Raquel Gutiérrez, ya que los tres órdenes de gobierno deben realizar acciones para proteger el derecho a la salud y al medio ambiente sano de los pobladores asentados en los márgenes del río/Foto: Cortesía

Es un logro de los pobladores que presentaron la petición con el apoyo de especialistas de la UdeG, señala la doctora Raquel Gutiérrez, ya que los tres órdenes de gobierno deben realizar acciones para proteger el derecho a la salud y al medio ambiente sano de los pobladores asentados en los márgenes del río/Foto: Cortesía

La Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cau­telares a favor de pobladores de las zonas aledañas al Río Santiago, tras considerar que se encuentran en situación de gravedad y riesgo de daño irreparable a sus derechos, a raíz de la contaminación am­biental en el vaso lacustre y el lago de Chapala.

Estas medidas se lograron gracias a una petición de medi­das cautelares que presentaron pobladores ante este organismo internacional, con el apoyo de especialistas de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

“Esto ya no es una re­comendación para ver si la aceptan o no. Es obligatoria porque México aceptó la ju­risdicción del sistema intera­mericano en su acatamiento y observancia”, dijo la abogada ambientalista, académica del Centro Universitario de Cien­cias Sociales y Humanidades (CUCSH) y Presidenta del Instituto de Derecho Ambien­tal (IDEA), doctora Raquel Gutiérrez Nájera.

La catedrática informó que la CIDH emitió el 5 de febrero de este año y notificó este viernes 7 de febrero la Resolución 07/2020. Ella fue quien presentó los argumen­tos en la sede de la Comisión Interamericana en Washing­ton, en julio de 2019.

Estos trabajos se derivaron de un trabajo conjunto entre la Clínica Internacional de Derechos Humanos del CUC­SH que encabezaba el egresa­do de la UdeG y maestro en derecho por la Universidad de Harvard, Ángel Gabriel Ca­brera Silva, con el Instituto de Defensa Ambiental.

Realizaron un trabajo téc­nico y documentado de cuatro meses, con recorridos de cam­po, recopilación de evidencias documentales, estudios médi­cos y entrevistas a pobladores. Finalmente fue presentada el 18 de julio de 2019.

“La firmaron pobladores de Juanacatlán, El Salto y San Pedro Itzicán, que pertenece a Poncitlán, así como organi­zaciones de la Red Agua para Todos a nivel nacional. La presentamos con todos los anexos de forma física y ha­blamos con los abogados de la Comisión durante una hora o más para explicarles el caso y la trascendencia y como, a pe­sar de los esfuerzos estatales, municipales, y de la macrore­comendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no había avances”, explicó la doctora Raquel Gutiérrez.

Dijo que en los estudios se documentó que 28 personas habrían fallecido debido a en­fermedades renales crónicas desde 2003, incluyendo una persona a mediados de 2019.

La Comisión Interameri­cana solicitó información al Estado Mexicano sobre las políticas públicas con miras a la recuperación del río y el saneamiento y resolvió que la principal medida de Plan­tas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) no era su­ficiente ni idónea, además de que los centros de salud y la atención médica para los po­bladores era precaria.

“La trascendencia de esto es que acuerdan emitir medi­das para preservar vida, inte­gridad personal y salud de po­bladores de las zonas hasta 5 kilómetros del río Santiago en los municipios de Juanacatlán y El Salto, así como de los po­bladores de las localidades de San Pedro Itzicán, Agua Ca­liente, Chalpicote y Mezcala en el municipio de Poncitlán, del Estado de Jalisco. Segun­do: emiten medidas para que el Estado realice diagnóstico médico y especializado to­mando en cuenta la contami­nación del Río Santiago y, ter­cero, que realicen la atención médica adecuada, disponible, accesible y de calidad a todos los pobladores”.

Apuntó que las medi­das que el Estado Mexicano adopte, deben ser realizadas con el visto bueno de los be­neficiarios y sus representan­tes. También se solicitan me­didas para mitigar las fuentes de riesgo, como las descargas directas e indirectas sin con­trol y las que se ocasionan por lluvias con los pesticidas.

“Estas medidas son obli­gatorias al gobierno de Méxi­co. Le dan 15 días para que informe sobre estos aspectos que está emitiendo. Nosotros veíamos como el gran ausen­te a la federación, y con estas medidas, ahora deben respon­der. (…) Trasciende porque se supervisa lo que hará el Gobierno de México sobre este problema lacerante”, añadió Gutiérrez Nájera.