La SFP celebra decisión de retractarse
La Sala Regional en Durango del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) se retractó de su decisión de suspender la inhabilitación por dos años y seis meses que la SFP impuso a la empresa farmacéutica Solfrán, de Carlos Lomelí, ex súperdelegado del gobierno federal en Jalisco/Foto: Twitter @DrCarlosLomeli
Enero 29, Ciudad de México (apro).- La Sala Regional en Durango del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) se retractó de su decisión de suspender la inhabilitación por dos años y seis meses que la Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso a la empresa farmacéutica Solfrán, de Carlos Lomelí, ex súperdelegado del gobierno federal en Jalisco.
En respuesta, los abogados de la empresa denunciaron que la SFP, dependencia a cargo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, ejerció una “presión inusitada” y “amenazó” al magistrado Miguel Aguilar García de “ser removido de su cargo”, para que revocara su decisión de permitir a Solfrán participar en licitaciones hasta que se resuelva el fondo del juicio.
La SFP celebró la tarde del miércoles la decisión del juez y, tras evocar su “imparcialidad y estricto apego a la legalidad”, sostuvo que previamente la empresa había promovido un juicio de nulidad en una Sala del Tribunal en Guadalajara, “la cual le negó la suspensión de la inhabilitación; por tal motivo, la que obtuvo de la Sala de Durango no podía ser válida”.
En septiembre de 2019, la SFP sancionó a la empresa después de comprobar que la farmacéutica presentó información falsa en una licitación pública, y le prohibió celebrar contratos con el gobierno federal o con estados y municipios en los cuales haya recursos federales involucrados.
“En estricto apego a la norma, la SFP sigue atendiendo en tiempo y forma los requerimientos que la autoridad judicial la ha solicitado en el juicio que se tramita en dicha sala del Tribunal”.
Con esta resolución, indicó la dependencia, se mantiene firme la inhabilitación para que Solfrán realice contrataciones con las dependencias de la Administración Pública Federal o con estados y municipios, donde hayan recursos federales involucrados.
“La Secretaría de la Función Pública reitera que sostendrá la validez de sus resoluciones en las instancias correspondientes”, finalizó.
