Combate a corrupción es simulado, critica el PAN Jalisco
El Partido Acción Nacional llamó al gobierno federal a “desempolvar” la carpeta que existe en contra del ex candidato a la gubernatura por Morena, investigar y actuar en consecuencia, pues no son pocas ni son recientes las denuncias en contra del médico-empresario
Por Elizabeth Ríos Chavarría
El Partido Acción Nacional (PAN) en Jalisco reprobó que una de las empresas del ex superdelegado Carlos Lomelí, Laboratorios Solfrán, eludiera la inhabilitación que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP), logrando así contratos por 128.6 millones de pesos por la compra de medicamentos que realizó en diciembre pasado la Secretaría de Hacienda.
Aseveraron que, pese a la promesa del gobierno federal por acabar con la corrupción, de nueva cuenta se evidenció que cuentan con un doble discurso, al actuar de manera incongruente, mintiendo y burlándose de los mexicanos, al fingir castigo a quien actúa bajo la impunidad y la corrupción, y encima de todo, premiarlo con millonarios contratos dentro de la administración pública.
“Es lamentable que ante la crisis que se vive a nivel nacional en el tema de salud por la eliminación del Seguro Popular y un proyecto mal estructura, como lo es el Insabi, se dé a conocer que siguen existiendo beneficios a empresas de quien reiteradamente ha sido señalado y sancionado por falsedad de información”.
Exigieron se sancionen estos actos de corrupción, pues los señalamientos en contra de Carlos Lomelí no son pocos ni mucho menos nuevos. Al respecto, recordaron cómo en junio del 2018 su candidato en ese entonces a la gobernatura de Jalisco, Miguel Ángel Martínez, presentó una denuncia penal ante la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) en su contra, por la red de corrupción de sus empresas a través de Pensiones del Estado.
“Por ello, Acción Nacional exige al gobierno federal que, a través de la ahora llamada Fiscalía General de la República, desempolve la carpeta de investigación derivada de la demanda interpuesta, investigue, sancione y actúe en congruencia. Todo acto de corrupción o de conflicto de interés tienen que eliminarse de las prácticas públicas. No basta con inhabilitar y sancionar económicamente, ya que de lo que se le acusa tiene implicaciones penales”, aseveraron.
Hace días se dio a conocer que la multa de un millón 51 mil pesos, así como la inhabilitación por seis meses que la Secretaría de la Función Pública impuso a la empresa en función quedara suspendida, por la decisión de un magistrado especializado de Justicia Administrativa.
