Así responde Ismael del Toro a vecinos de San Rafael:
El alcalde tapatío dijo que la empresa puede seguir trabajando, ya que la suspensión no tiene vigencia debido a que el juez que la otorgó, también decretó el pago de una fianza de 1.8 millones de pesos
Por Elizabeth Ríos Chavarría
El alcalde emecista se “lavó las manos” del asunto al señalar que “la suspensión concedida por el juzgador tiene aparejada una fianza para que se pueda cumplir”; incluso agregó que en cuanto se deposite la fianza, “nosotros acataríamos inmediatamente”/Foto: Archivo Página 24
Los sellos de clausura en las obras que se hacen en El Gran San Rafael no se pueden poner por el momento, la suspensión que otorgó el juez por las obras en el lugar va condicionada también al pago de una fianza que no se ha cubierto, aclaró el alcalde de Guadalajara Ismael del Toro Castro.
Ante la queja de vecinos de los alrededores del Parque San Rafael porque continúan los trabajos de construcción de 14 torres, en lo que antes era el club deportivo Chivas San Rafael, el munícipe detalló que la suspensión no tiene por el momento vigencia ya que el juez cuarto en materia administrativa que la otorgó, también decretó el pago de una fianza de 1.8 millones de pesos.
Es decir, si se quieren detener los trabajos y que el ayuntamiento acuda a poner sellos de clausura como lo hace el mandato judicial, primero se debe cubrir el costo de la fianza de la parte quejosa, algo que no ha pasado.
“Nosotros nos apegamos estrictamente al cumplimiento de la legalidad y las órdenes judiciales. En este caso, la suspensión concedida por el juzgador tiene aparejada una fianza para que se pueda cumplir, la fianza no ha sido depositada, entonces no está digamos jurídicamente vigente la suspensión. Si el quejoso depositara la fianza y se genera entonces ya la vida jurídica de la suspensión, nosotros la acataríamos inmediatamente”.
El miércoles pasado integrantes del colectivo Vecinos Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas aseveraron que pese a la notificación que se le dio al ayuntamiento, de la suspensión que obtuvieron, los trabajos en la zona continúan, por lo que le exigieron a acatarse a lo establecido.
En ese sentido, del Toro Castro dijo que el asunto no se trata de si el gobierno quiere o no cumplir con un mandato judicial, pues a apegados a ley es que esperan que la fianza sea cubierta para proceder con la respectiva clausura.
“El derecho administrativo prevé precisamente que no pueda generarse afectación a terceros, que sí el juzgador pueda determinar para analizar de fondo la situación jurídica una suspensión, pero que para prever afectaciones a terceros, se pueda digamos resarcir el daño mediante la contención económica de una fianza. Es lo que dispone tanto nuestra legislación en materia administrativa y lo que además identificó el juzgador, por eso emite una resolución en ese sentido”.
