El Estado de derecho se sustenta en respeto a DH

Y en la división de poderes, coinciden especialistas

Los poderes del Estado deben vigilarse entre sí para garantizar que ninguno se desborde en abusos, manifestaron participantes de panel especializado en el marco de la FIL/Foto: Cortesía

Los poderes del Estado deben vigilarse entre sí para garantizar que ninguno se desborde en abusos, manifestaron participantes de panel especializado en el marco de la FIL/Foto: Cortesía

El Estado de derecho tiene dos grandes pilares: el respe­to a los derechos humanos y la división de poderes. Y esto incluye, además, que los po­deres se vigilen entre sí, con el fin de que ninguno se des­borde en abusos.

Es decir, que la balanza no se cargue hacia ningún lado, y por eso es impor­tante preservar los siste­mas de contrapesos en las democracias; coincidieron los participantes del panel “Frenos y contrapesos en el Estado de derecho”, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), organizado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), de la UdeG.

“La Universidad de Gua­dalajara es conocida por ser un ente crítico y sensible al contexto del presente y del futuro. Y este seminario es una inmejorable oportu­nidad para que nuestros estudiantes, académicos e investigadores conozcan las opiniones de los expertos invitados y sus aportacio­nes al debate sobre el siste­ma de frenos y contrapesos presentes en el ejercicio de gobierno”, declaró Ricardo Villanueva Lomelí, rector de esta casa de estudios.

Recordó que durante muchos años México se vio marcado por un presiden­cialismo desbordado, pero gracias a diversas reformas que permitieron la cons­trucción de instituciones dedicadas a incentivar y cuidar la democracia, se die­ron mejores condiciones de equilibrio y se ha respetado la autonomía entre cada po­der público. Consideró que el panel es una oportunidad para robustecer los equili­brios en México.

Javier Laynez Potisek, ministro presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Na­ción (SCJN), explicó que un primer contrapeso lo ejerce el Poder Legislativo; sin em­bargo, éste no es constante porque depende de los vai­venes electorales.

“No es estable, ni se da siempre de la misma mane­ra. El contrapeso legislativo es sólido o efectivo cuando estamos en presencia de go­biernos divididos. Es decir, cuando no hubo mayoría del partido del presidente (en turno) en las cámaras. Por ello, debemos de esperar que, de manera natural, este contrapeso se relaje o se di­luya cuando hay mayoría del partido en el gobierno. Esto no una es crítica, es una rea­lidad de lo que ocurre en el congreso, y lo hemos vivido en México en nuestra histo­ria contemporánea”, explicó Laynez Potisek.

Recordó que en 1997 el partido en el poder perdió por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados y hasta 2018, se tuvo ese contrapeso efectivo sin necesidad de re­formar a la Constitución. En cambio, el otro contrapeso, el Poder Judicial, sufrió refor­mas en la década de los 90 al introducir figuras como la ac­ción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional y la ampliación del juicio de amparo al interés legítimo.

El otro contrapeso, dijo, son los órganos constitu­cionales autónomos, de re­ciente creación. Los prime­ros son el Banco de México (BM), la Comisión Nacio­nal de Derechos Humanos (CNDH) y el entonces IFE, hoy Instituto Nacional Elec­toral (INE), y que son herra­mientas de contrapeso de los poderes porque se les ha dotado de un nivel máximo de autonomía para ejercer ciertas competencias que en una época fueron primi­genias del Estado, como la política monetaria o la orga­nización de comicios.

“Dos ejemplos extraordi­narios son la Cofece y el Ife­tel; este último, extrae la de­cisión del ámbito del Poder Ejecutivo para poder llevar, con criterios técnicos, un tema tan importante como el manejo y administración del aspecto radio-eléctrico, que es el petróleo del siglo XXI, pues de ahí dependen las telecomunicaciones y la internet”, agregó.

El doctor José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro de la SCJN, articulis­ta de la revista Proceso y comentarista del programa Aristegui Noticias, reflexio­nó que, en realidad, el dile­ma no es de quién o quiénes ejercen esta labor de freno y contrapeso, sino a cuáles conductas se les debe hacer contrapeso.

“Lo que se quiere frenar, o contrapesar, es una ra­cionalidad jurídica. No una racionalidad política o eco­nómica, sino jurídica, y que ha sido construida en los modelos de los legisladores y los tribunales”, subrayó Cossío Díaz.

No obstante, en la reali­dad, existen otros contrape­sos no institucionales, por ejemplo: el social, el político y el económico. Y el derecho y las instituciones no cuen­tan con los elementos para contrarrestrarlos.

“Aquello que debería ser la sustancia de la contra­posición no alcanza a con­figurarse completamente y genera ilusiones en la so­ciedad, porque el derecho no puede cumplir esa visión abarcante ni totalizante. El derecho no contempla to­dos los casos y es limitado”, externó Cossío Díaz.

El doctor en Derecho Pú­blico y profesor de La Sorbo­na, en París, Francia, Renaud Bourget, compartió la expe­riencia de su país en materia de contrapesos. Explicó la es­tructura de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrati­vo en esa nación.

“En un inicio existía un Consejo de Estado, dividi­do en cuatro secciones, que luego se declaró competen­te para recibir juicios con­tenciosos administrativos. Posteriormente, se dio paso a la Corte de Justicia Admi­nistrativa y Apelación en 1986”, informó.

César Rodrigo Landa Arroyo, ex presidente del Tri­bunal Constitucional de Perú, habló sobre un caso sucedido en su país, en el que, incluso, se dio una desintegración del Parlamento Nacional. Enfa­tizó que “no hay democracia sin derechos, y no se puede hablar de derechos si no hay democracia”.

“Han surgido también, ante las fallas de la de­mocracia representativa de antaño –añadió Landa Arroyo–, nuevas formas de democracia representativa y participativa que algunos países han promovido más que otros. Pensemos en Ve­nezuela y Bolivia. Y en Perú también se han dado estos mecanismos de democra­cia participativa como el referéndum, la revocación de mandato y la iniciativa popular, en un afán de com­pensar estas debilidades de la democracia representati­va”, concluyó.

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