Hace dos meses diputados aprobaron cambios en Ley del Poder Judicial

En el Congreso tienen 15 días para responder al recurso de inconstitucionalidad

Por Elizabeth Ríos Chavarría

En el Congre­so local se tendrá un plazo de quince días hábiles para ren­dir un informe sobre la notificación sobre la acción de inconstitucionalidad que implementó al Comisión Na­cional de Derechos Humanos (CNDH)/ Foto: Archivo Página 24

En el Congre­so local se tendrá un plazo de quince días hábiles para ren­dir un informe sobre la notificación sobre la acción de inconstitucionalidad que implementó al Comisión Na­cional de Derechos Humanos (CNDH)/ Foto: Archivo Página 24

Aunque se presentó y admitió el 31 de octubre, el viernes pasado apenas lle­gó al Congreso de Jalisco la notificación sobre la acción de inconstitucionalidad que implementó al Comisión Na­cional de Derechos Humanos (CNDH) contra las reformas al Poder Judicial que diputa­dos locales aprobaron hace un par de meses.

Esta es la segunda acción que se implementa en contra de las reformas en la Supre­ma Corte de Justicia de la Na­ción (SCJN), por lo que una vez notificados, en el Congre­so local se tendrá un plazo de quince días hábiles para ren­dir un informe sobre el tema.

De acuerdo a los argumen­tos de la CNDH la acción de inconstitucionalidad fue pre­sentada por considerar que en la reforma se violan preceptos constitucionales y tratados internacionales relacionados con la transparencia, y que se vulnera la independencia del Poder Judicial.

Además, se manifestó que se propicia un acto discrimi­natorio al exigir como requi­sito, para ser titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Poder Judicial, no haber sido sancionado por alguna autoridad administra­tiva federal, estatal, municipal o por el Consejo de la Judica­tura.

Esto, se agregó, vulnera los derechos de igualdad y no discriminación, ya que se de­jaría fuera a servidores públi­cos sancionados por su des­empeño en algún cargo aun cuando hayan cumplido con la sanción administrativa. Es decir, se excluiría de mane­ra “injustificada” a un sector para acceder a un cargo públi­co o de tener libertad laboral.

En la primera que se im­plementó el 10 de octubre pasado, se consideró que se violaron dos derechos funda­mentales: el del acceso a la información, y el de principio de máxima publicidad en el acceso a la información.

La última acción ordenó dar cuenta no sólo al Poder Legislativo sino al Ejecutivo para que rindan el respectivo informe, aunque al Congreso local se le requirió también una copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas, así como un ejemplar del Perió­dico Oficial del Estado en donde se publicó dicha reforma.

Hace dos meses diputados dieron luz verde a las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial en tema de nombramientos. Esta se aprobó sin haber de retiro u otro bono para magistrados cuando concluyan sus nombramientos, y se asentó la aplicación de exámenes de control de confianza a juzgadores por igual, así como la creación de un Centro de Evaluación y Confianza encargado de aplicarlos.