Con nuevo amparo

Por José Raúl Linares

El FBI ofrece 20 millones de dólares para quien dé información que lleve a la captura de Caro Quintero/Foto: mx.usembassy.gov

El FBI ofrece 20 millones de dólares para quien dé información que lleve a la captura de Caro Quintero/Foto: mx.usembassy.gov

Noviembre 26, Ciudad de México (apro).- El Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal con sede en la Ciudad de México conce­dió una suspensión de plano al narcotraficante sinaloense Rafael Caro Quintero, para frenar una vez más su extra­dición a Estados Unidos.

Lo anterior, luego de que en octubre pasado el funda­dor del Cártel de Guadala­jara perdió un amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la solicitud del gobierno estadu­nidense para que sea extradi­tado a ese país.

El pasado lunes 25, Caro Quintero interpuso un nuevo juicio de amparo que se turnó al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo. De acuerdo con el expediente 895/2019, el acu­sado señala como autoridades responsables, entre otras, a la Secretaría de Relaciones Ex­teriores (SRE).

Sin embargo, la juez Ma­ría Dolores Núñez dejó en claro que la suspensión de plano sólo se limita a parali­zar los efectos de la orden de extradición por las autorida­des responsables señaladas, por lo que no surtirá efectos si la orden fue dictada por auto­ridades distintas.

“Atento a sus contenidos, se tiene a las autoridades ofi­ciantes informando el cum­plimiento dado a la medida de suspensión otorgada en este procedimiento de amparo; lo anterior, para los efectos lega­les a que haya lugar”, destaca la notificación.

Añade: “En tales condicio­nes, requiérase al promovente del juicio para que en el tér­mino de tres días, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, corrija o aclare el nombre de las au­toridades que anteceden”.

El pasado 9 de octubre, los ministros de la primera sala de la SCJN rechazaron auto­máticamente brindar garantías constitucionales a Caro Quin­tero para evitar su detención en México y posterior extra­dición a Estados Unidos.

En aquella ocasión, el proyecto estuvo a cargo del ministro Luis María Aguilar, quien determinó que la me­dida no es anticonstitucional, de acuerdo con las leyes vi­gentes en nuestro país, por lo que le negó la protección de la justicia.