Es para proteger la dignidad y el gènero de las personas: Salvador Caro
Los cambios al código penal plantean tres años de cárcel al que fomente, imparta o financie prácticas que pretendan modificar la conducta sexual de una persona
Por Elizabeth Ríos Chavarría
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Diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales dieron luz verde a la iniciativa que propone castigar hasta con tres años de prisión a quien fomente, imparta o financie prácticas que busquen modificar la orientación sexual de una persona, esto, con el objetivo de erradicar en la entidad las “terapias de reconversión”.
La iniciativa la presentó el diputado local de MC, Salvador Caro Cabrera, y establece reformas al Código Penal para establecer penas de uno a tres años de prisión, así como un incremento de la pena en una cuarta parte cuando se someta a un menor de edad a este tipo de prácticas. Además, también se estableció la inhabilitación de aquellos profesionales de la salud que ofrezcan este tipo de tratamientos.
“Básicamente es erradicar ese tipo de terapias aquí en el estado de Jalisco, sancionándolas penalmente con prisión de 1 a 3 años, y en el caso de que se trate de menores derivado de algún efecto nocivo en ellos, se pueda incrementar la pena una tercera parte. El bien protegido es básicamente dentro del género humano, preservar la vida y la dignidad de las personas, así como el pleno ejercicio y desarrollo de su personalidad”.
Refirió que la propuesta se trabajó a partir de la petición de líderes de la comunidad LGBT, pues detectaron casos en donde personas eran obligadas por sus familiares a acudir a este tipo de “terapias de reconversión” que no hacían más que suscitarles un daño.
“No es un tema persecutorio, es un tema básicamente disuasivo para que todos podamos vivir aquí en el estado de Jalisco en libertad y construir por nosotros mismos nuestras identidad personal. Esto nos parece un avance muy importante a la par de que estamos aprobando en la misma comisión los derechos de identidad para personas transexuales”, agregó.
El emecista explicó que las sanciones aplicarían cuando se obligue a las personas a tomar las terapias, e irían en contra de quienes las “instrumentan”.
En la misma comisión, legisladores aprobaron la iniciativa de la diputada del PRI, Mariana Fernández Ramírez, que busca sancionar los crímenes de odio por orientación sexual, raza, religión o grupo étnico, como homicidio calificado el cual se castiga de 20 a 40 años de prisión.
La tricolor explicó que se consideraría crimen de odio cuando el agresor hubiera expresado por algún medio el rechazo o intolerancia contra la agrupación de personas al que pertenezca la víctima, si existen antecedentes como amenazas o acoso.
