Por Jordi Oriola Folch
El Gobierno de Cataluña intentó negociar con el Gobierno español un referéndum de autodeterminación ante una demanda popular multitudinaria des de 2010. España negó el diálogo y Cataluña presionó organizando unilateralmente un referéndum en 2017, pero mantuvo la oferta al dialogo. España mandó 3.700 policías para impedirlo, pero el pueblo desobedeció con no-violencia.
Aunque la policía hirió a más de mil personas, el referéndum permitió votar a más de 2 millones de personas con un 90,18% por el sí. El Gobierno catalán ofreció negociar un referéndum acordado con España, pero la respuesta fue el encarcelamiento de todo el Gobierno catalán, aunque el Presidente Puigdemont y otros consiguió exiliarse en Bélgica.
Este 14 de octubre, la Justicia española ha condenado 7 políticos y 2 activistas entre 9 y 13 años de prisión. Previamente España había enviado más de 2.000 policías antidisturbios a Cataluña. Al salir la sentencia centenares de miles de personas bloquearon pacíficamente el Aeropuerto de Barcelona y se suspendieron 150 vuelos. Después ha habido miles de manifestaciones en toda Cataluña y en ciudades de España.
Las concentraciones, como siempre, han sido totalmente pacíficas durante horas, pero por primera vez en 9 años, al final del día, se han producido choques con la policía. El detonante: pequeñas provocaciones hacia la policía generadas por jóvenes independentistas hartos, jóvenes antisistema solidarios de España o incluso policías infiltrados.
A continuación, los furgones policiales perseguían temerariamente a los manifestantes, atropellando a dos personas, y generaban pánico al disparar centenares de balas de goma. Para defenderse del avance de los furgones policiales, los manifestantes interponían contenedores de basura y les prendían fuego. Las imágenes impactantes de centenares de hogueras se han emitido por todas las televisiones y el gobierno español ha empezado a hablar de aplicar la Ley de Seguridad Nacional. Era esperable que, hartos de tanta humillación y violencia, en algún momento, los jóvenes estallaran al sentirse provocados por la policía española, e incluso puede que el inmenso despliegue policial haya atraído grupos antifascistas de toda España.
Estos disturbios ha ayudado a internacionalizar más el conflicto, pero también puede servir al Gobierno español para criminalizar el independentismo. Este ha retomado la iniciativa con seis marchas impresionantes que han caminado durante tres días des de toda la geografía de Cataluña, emulando la Marcha de 1968 de Martin Luther King. Las marchas radiales ha confluido en Barcelona el 18 de octubre, día de huelga general contra la sentencia. Barcelona colapsada. España intenta criminalizar el movimiento independentista para activar una solución represiva y no verse obligada a aceptar una solución democrática. Seguirán acciones multitudinarias de desobediencia no-violenta hasta que se permita ejercer el derecho de autodeterminación.
