De lo contrario, él y sus funcionarios abusarían de su autoridad: Organismos civiles

Representantes de distintos organismos de la sociedad tronaron contra la resolución favorable a los desarrolladores para efectuar la compra-venta del ex complejo panamericano; exigieron que se proceda conforme a derecho: el primer recurso es el válido, los siguientes no aplican

Por Rafael Hernández Guízar

FOOT

FOOT

El Parlamento de Colo­nias, en conjunto con las organizaciones civiles Fun­dación Cuenca Lerma Cha­pala, Vecinos de Rancho Contento y la Federación de Sindicatos del Estado, exi­gió al gobierno de Zapopan que desconozca la suspen­sión otorgada a los cons­tructores que compraron la Villa Panamericanas y dé prioridad a las que consi­guieron vecinos para evitar la venta y habitabilidad de este sitio.

Alejandro Cárdenas En­ríquez, el abogado encarga­do de tramitar los amparos correspondientes, dijo que desde el pasado 30 de agos­to tanto el ayuntamiento de Zapopan así como el go­bierno estatal, para que no hagan movimiento alguno respecto a la Villa Paname­ricana, ya que hay una sus­pensión que así lo ordena.

“Para que no se puede hacer ningún contrato de compra-venta, o promesa de compra-venta, para que no se transmita la propie­dad de los departamentos, o de cualquier cuarto incluso que esté dentro de la Villa; en este mismo acuerdo está haciendo mención de que en caso de violentarse la suspensión, se harán acree­dores a una multa o el de­lito de abuso de autoridad que está contemplado en el artículo 146 del Código Pe­nal de Jalisco, que imponen sanciones de 3 a 8 años de prisión”.

Y es que la empresa que presuntamente celebró un contrato de compra-venta con el gobierno estatal para quedarse con la Villa, obtu­vo una suspensión del tribunal administrativo para po­der efectuarlo. Al respecto, el abogado dijo que por cri­terios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la suspensión que debe perma­necer es la más antigua, es decir la tramitada por ciu­dadanos que se oponen a la urbanización del bajío.

Por su parte, Salvador Cosío Gaona, integrante de la asociación Conciencia Cívica, y uno de los pro­moventes de los juicios de amparo que se habían tra­mitado ante las autoridades federales para frenar la ur­banización del bajío, dijo categóricamente que deben las autoridades acatar la suspensión o atenerse a las consecuencias.

“La situación del predio privado denominado Villa Bosque o Villas del Bosque, mejor conocido como Vi­lla Panamericana, no tiene cambio alguno en cuanto a la licitud para que lo puedan desarrollar, hacer preventa, venta, o ninguna acción ur­banística, ni tampoco exis­te una situación que haya cambiado que le permita a las autoridades demandadas realizar, en el caso de Za­popan, alguna autorización como licencias o permisos, ni tampoco al gobierno del estado realizar ningún tipo de compra-venta o cesión al respecto”.

“En caso de violentarse la suspensión, se harán acreedores a una multa o el delito de abuso de autoridad que está contemplado en el artículo 146 del Código Penal de Jalisco, que imponen sanciones de 3 a 8 años de prisión”, advirtió Alejandro Cárdenas, abogado y representante del Parlamento de Colonias/Foto: Archivo Página 24

“En caso de violentarse la suspensión, se harán acreedores a una multa o el delito de abuso de autoridad que está contemplado en el artículo 146 del Código Penal de Jalisco, que imponen sanciones de 3 a 8 años de prisión”, advirtió Alejandro Cárdenas, abogado y representante del Parlamento de Colonias/Foto: Archivo Página 24

Salvador Cosío re­cordó que el Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipe­jal) invirtió 345 millones de pesos, mientras que el entonces Iprovipe, ahora Ijalvi (Instituto Jalisciense de la Vivienda), prestó a los constructores 860 mi­llones de pesos con un in­terés mínimo y sin garan­tía, para construir la Villa Panamericana.

“Hay un convenio que se quiere firmar, en donde reciben a cinco años casi sin intereses, aportando 30 millones de pesos anuales durante cinco años, son corcholatas contra una in­fraestructura que van a po­der vender en cuatro veces esa cantidad, qué bonito negocio (…), además obli­gan (al municipio de Za­popan) a hacer obras” en beneficio de los comprado­res, apuntó.

A la vez, cuestionó que, con el pretendido decreto para evitar más construc­ciones en la zona, lo único que se conseguirá es darle más plusvalía a la Villa Pa­namericana, y no detener el daño ambiental. “Son absurdos que están come­tiendo y quieren engañar con espejitos a la sociedad (…) el tema es claro, hay una voracidad de empresa­rios (…) hay una complici­dad de parte del gobernador (…) y del Ijavi”, comentó Cosío.

Y agregó: “Es de explo­rado derecho, que persisten las resoluciones más anti­guas en una situación como la que se está queriendo in­ducir, y sorprender. Se cae­rá muy fácilmente, el tema es contundente, precisa­mente el viernes fueron no­tificadas las autoridades de Zapopan así como de Ipejal de un proveído formal en la Sexta Sala Unitaria en el juicio 381/2013. Están ente­rados que deben respetar la suspensión y que puede ha­ber acción penal, y solicitó que se mantengan las cosas como están; cualquier otra cosa es como un Alkaselt­zer, se va a diluir; la postura seguirá siendo la misma, no permitiremos que se violen­ta el orden jurídico”.

Por su parte, Sergio Padilla Villarroel, líder de la Federación de Sindicatos del Estado, reiteró que están en contra de la venta del complejo habitacional por el daño que causaría a la ecología/Foto: Francisco Tapia

Por su parte, Sergio Padilla Villarroel, líder de la Federación de Sindicatos del Estado, reiteró que están en contra de laventa del complejo habitacional por el daño que causaría a la ecología/Foto: Francisco Tapia

Por su parte, el líder de la Federación de Sindicatos del Estado, Sergio Padilla, reiteró que están en con­tra de la venta del comple­jo habitacional por el daño que causaría a la ecología. Exigió que se dé curso a la denuncia que presentaron en 2015, ante la entonces Procuraduría General de la República, en la cual ya es­tán consignadas 25 personas por la construcción irregular de la Villa.

Los inconformes recal­caron que el complejo Pa­namericano es un “negocio privado con recursos públi­cos”, se construyeron “vio­lentando la normatividad urbana, ambiental y econó­mica-administrativa, con la complicidad y acciones de autoridades y especuladores desde finales del año 2009”, y reiteraron que la Villa Pa­namericana representa un riesgo para la recarga hidro­lógica y una afectación a la flora y fauna del bosque de La Primavera.

Con la resolución de tri­bunales a favor de los ciu­dadanos, ni el ayuntamiento de Zapopan, y mucho menos los desarrolladores podrán hacer trámite o movimien­to alguno con respecto a la Villa en comento; de lo con­trario podría configurarse el delito de abuso de auto­ridad, y por ende sanciones. (Con información de Gloria Reza/apro)