De lo contrario, él y sus funcionarios abusarían de su autoridad: Organismos civiles
Representantes de distintos organismos de la sociedad tronaron contra la resolución favorable a los desarrolladores para efectuar la compra-venta del ex complejo panamericano; exigieron que se proceda conforme a derecho: el primer recurso es el válido, los siguientes no aplican
Por Rafael Hernández Guízar

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El Parlamento de Colonias, en conjunto con las organizaciones civiles Fundación Cuenca Lerma Chapala, Vecinos de Rancho Contento y la Federación de Sindicatos del Estado, exigió al gobierno de Zapopan que desconozca la suspensión otorgada a los constructores que compraron la Villa Panamericanas y dé prioridad a las que consiguieron vecinos para evitar la venta y habitabilidad de este sitio.
Alejandro Cárdenas Enríquez, el abogado encargado de tramitar los amparos correspondientes, dijo que desde el pasado 30 de agosto tanto el ayuntamiento de Zapopan así como el gobierno estatal, para que no hagan movimiento alguno respecto a la Villa Panamericana, ya que hay una suspensión que así lo ordena.
“Para que no se puede hacer ningún contrato de compra-venta, o promesa de compra-venta, para que no se transmita la propiedad de los departamentos, o de cualquier cuarto incluso que esté dentro de la Villa; en este mismo acuerdo está haciendo mención de que en caso de violentarse la suspensión, se harán acreedores a una multa o el delito de abuso de autoridad que está contemplado en el artículo 146 del Código Penal de Jalisco, que imponen sanciones de 3 a 8 años de prisión”.
Y es que la empresa que presuntamente celebró un contrato de compra-venta con el gobierno estatal para quedarse con la Villa, obtuvo una suspensión del tribunal administrativo para poder efectuarlo. Al respecto, el abogado dijo que por criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la suspensión que debe permanecer es la más antigua, es decir la tramitada por ciudadanos que se oponen a la urbanización del bajío.
Por su parte, Salvador Cosío Gaona, integrante de la asociación Conciencia Cívica, y uno de los promoventes de los juicios de amparo que se habían tramitado ante las autoridades federales para frenar la urbanización del bajío, dijo categóricamente que deben las autoridades acatar la suspensión o atenerse a las consecuencias.
“La situación del predio privado denominado Villa Bosque o Villas del Bosque, mejor conocido como Villa Panamericana, no tiene cambio alguno en cuanto a la licitud para que lo puedan desarrollar, hacer preventa, venta, o ninguna acción urbanística, ni tampoco existe una situación que haya cambiado que le permita a las autoridades demandadas realizar, en el caso de Zapopan, alguna autorización como licencias o permisos, ni tampoco al gobierno del estado realizar ningún tipo de compra-venta o cesión al respecto”.

“En caso de violentarse la suspensión, se harán acreedores a una multa o el delito de abuso de autoridad que está contemplado en el artículo 146 del Código Penal de Jalisco, que imponen sanciones de 3 a 8 años de prisión”, advirtió Alejandro Cárdenas, abogado y representante del Parlamento de Colonias/Foto: Archivo Página 24
Salvador Cosío recordó que el Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal) invirtió 345 millones de pesos, mientras que el entonces Iprovipe, ahora Ijalvi (Instituto Jalisciense de la Vivienda), prestó a los constructores 860 millones de pesos con un interés mínimo y sin garantía, para construir la Villa Panamericana.
“Hay un convenio que se quiere firmar, en donde reciben a cinco años casi sin intereses, aportando 30 millones de pesos anuales durante cinco años, son corcholatas contra una infraestructura que van a poder vender en cuatro veces esa cantidad, qué bonito negocio (…), además obligan (al municipio de Zapopan) a hacer obras” en beneficio de los compradores, apuntó.
A la vez, cuestionó que, con el pretendido decreto para evitar más construcciones en la zona, lo único que se conseguirá es darle más plusvalía a la Villa Panamericana, y no detener el daño ambiental. “Son absurdos que están cometiendo y quieren engañar con espejitos a la sociedad (…) el tema es claro, hay una voracidad de empresarios (…) hay una complicidad de parte del gobernador (…) y del Ijavi”, comentó Cosío.
Y agregó: “Es de explorado derecho, que persisten las resoluciones más antiguas en una situación como la que se está queriendo inducir, y sorprender. Se caerá muy fácilmente, el tema es contundente, precisamente el viernes fueron notificadas las autoridades de Zapopan así como de Ipejal de un proveído formal en la Sexta Sala Unitaria en el juicio 381/2013. Están enterados que deben respetar la suspensión y que puede haber acción penal, y solicitó que se mantengan las cosas como están; cualquier otra cosa es como un Alkaseltzer, se va a diluir; la postura seguirá siendo la misma, no permitiremos que se violenta el orden jurídico”.

Por su parte, Sergio Padilla Villarroel, líder de la Federación de Sindicatos del Estado, reiteró que están en contra de laventa del complejo habitacional por el daño que causaría a la ecología/Foto: Francisco Tapia
Por su parte, el líder de la Federación de Sindicatos del Estado, Sergio Padilla, reiteró que están en contra de la venta del complejo habitacional por el daño que causaría a la ecología. Exigió que se dé curso a la denuncia que presentaron en 2015, ante la entonces Procuraduría General de la República, en la cual ya están consignadas 25 personas por la construcción irregular de la Villa.
Los inconformes recalcaron que el complejo Panamericano es un “negocio privado con recursos públicos”, se construyeron “violentando la normatividad urbana, ambiental y económica-administrativa, con la complicidad y acciones de autoridades y especuladores desde finales del año 2009”, y reiteraron que la Villa Panamericana representa un riesgo para la recarga hidrológica y una afectación a la flora y fauna del bosque de La Primavera.
Con la resolución de tribunales a favor de los ciudadanos, ni el ayuntamiento de Zapopan, y mucho menos los desarrolladores podrán hacer trámite o movimiento alguno con respecto a la Villa en comento; de lo contrario podría configurarse el delito de abuso de autoridad, y por ende sanciones. (Con información de Gloria Reza/apro)
