Complicará la economía de miles de jaliscienses: Expertos en economía de la UdeG

El incremento en el cobro del transporte público se vuelve insostenible cuando más de la mitad de los jaliscienses perciben el salario mínimo, criticaron

“Los 9.50 traerán problemas que complicarán la vida de las familias”, coincidieron especialistas en economía por la UdeG; en la conferencia estuvo Jesús Medina, líder de la FEU, quien dijo que recolectarán firmas para presentar una iniciativa ante el Congreso que incluya la tarifa social/Foto: Cortesía

“Los 9.50 traerán problemas que complicarán la vida de las familias”, coincidieron especialistas en economía por la UdeG; en la conferencia estuvo Jesús Medina, líder de la FEU, quien dijo que recolectarán firmas para presentar una iniciativa ante el Congreso que incluya la tarifa social/Foto: Cortesía

Una tarifa de 7 pesos por el servicio del transporte públi­co es lo que pueden solventar los jaliscienses, de acuerdo con un estudio presentado por la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y cate­dráticos del Centro Universi­tario de Ciencias Económico Administrativa (CUCEA), de la Universidad de Guadalaja­ra (UdeG).

“Urge una verdadera tari­fa social, y ésta debería ser de 7 pesos, porque observamos que los 9.50 traerán proble­mas que complicarán la vida de las familias e impactará la situación económica”, de­claró el profesor investigador del Departamento de Méto­dos Cuantitativos del CU­CEA, doctor Héctor Luis del Toro Chávez.

Añadió que el salario mí­nimo en Jalisco es de 6 mil 500 pesos mensuales, es de­cir, 104 pesos al día, pero una canasta básica cuesta casi 11 mil pesos al mes; es decir se requieren 300 pesos diarios para poder adquirirla.

“Una sola persona gasta­ría 784 pesos al mes por el transporte si la tarifa cuesta siete pesos, pero a 9.50 serían mil 64 pesos; sin embargo, si en esa familia se mueven cuatro personas en promedio, sumarían 2 mil 136 pesos si la tarifa fuera de 7 pesos, pero a 9.50 el gasto es de 4 mil 256 pesos. Es decir, el salario mí­nimo ni para el camión alcan­za”, denunció.

Martín Guadalupe Rome­ro Morett, jefe del Departa­mento de Economía del CU­CEA, calificó el transporte público como un monopolio, y cuando hay monopolios, reflexionó, la sociedad debe de vigilar la utilidad de esas empresas y fijar el precio.

“Esa tarifa debe de ser re­chazada porque no se justifica con evidencias de costos e in­gresos y suficiente transparen­cia. El proceso es deliberado para confundir a la sociedad. Hay procedimientos que pue­den ser más exactos y deben tener claridad. Que se de­muestre con datos de ingresos y costos que 7 pesos no dejaba utilidades; eso nos lo tienen que demostrar. No que hay in­flación o alza de costos. Claro que los precios suben, pero tú puedes tener utilidades y no nos han demostrado con datos verificables que de verdad no tenían utilidad”, dijo.

Jesús Medina Varela, pre­sidente de la FEU, anunció que iniciarán con la recolec­ción de firmas para presentar una iniciativa popular ante el Congreso del Estado, a fin de que se incluya la tarifa so­cial en la ley de movilidad. Se requiere recopilar 0.5 por ciento de la lista nominal de electores, de acuerdo con la norma.

“Con esta iniciativa de ley vamos a proponer una fórmu­la anualizada para que jamás se incremente lo que se cobra a la gente sin tomar en cuenta la tarifa social”, subrayó Me­dina Varela.

Anunció que evidencia­rán las rutas que incumplan la norma técnica en calidad y que por ahora no se ha apro­bado la convocatoria para in­tegrar a la Contraloría Social del Transporte Público, hasta que no haya claridad en la he­rramienta de medición y ese instrumento sigue pendiente de elaborarse por parte de la Secretaría de Transporte.

“Y respecto a nuestra peti­ción de información al gobierno de Jalisco, a través del Instituto de Transparencia, nos respon­dieron que nuestra solicitud es procedente, y ya le dieron cinco días hábiles al sujeto obligado para responder y entregar la in­formación por parte del Institu­to Metropolitano de Planeación y de la Secretaría de Transporte. Estamos pidiendo el padrón de permisionarios y concesionarios y el estudio de la tarifa técnica y la tarifa social al gobierno del estado”, concluyó.

“Esa tarifa debe de ser rechazada porque no se justifica con evidencias de costos e ingresos y suficiente transparencia. El proceso es deliberado para confundir a la sociedad. (…) Que se demuestre con datos de ingresos y costos que 7 pesos no dejaba utilidades; eso nos lo tienen que demostrar” 
Martín Romero Morett, jefe del Departamento de Economía del CUCEA