Y en pocos meses, establecer una unidad de inteligencia financiera para Jalisco
La iniciativa busca que el delito se incluya entre los que ameritan prisión preventiva oficiosa; además, las penas se incrementarían dependiendo la persona: se duplicará cuando sean los responsables servidores públicos encargados de prevenir, detectar, denunciar, investigar o juzgar
Por Elizabeth Ríos Chavarría
De acuerdo con Gerardo Quirino Velázquez, uno de los impulsores de la iniciativa, la intención al incluir este delito en el catálogo del Código Penal de Jalisco, es asentar castigos que irían de 5 a 15 años de prisión, y multas de los 84 mil hasta los 422 mil pesos/Foto: Francisco Tapia
Con el objetivo de hacer frente cada vez más a la corrupción, diputados locales del PRD y MC presentaron una iniciativa con la que se propone incluir en el Código Penal de Jalisco el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Uno de los impulsores de la iniciativa, el coordinador parlamentario del PRD, Gerardo Quirino Velázquez, detalló que las penas que buscarán asentar en este delito irían de 5 a 15 años de prisión, así como multas que irían de los 84 mil hasta los 422 mil pesos.
Refirió que esta propuesta se buscará impulsar en el Congreso de Jalisco en el marco de las iniciativas ya presentadas con anterioridad en termas de corrupción, que no buscan más que complementar el trabajo que ya se realiza en el estado desde la Fiscalía Anticorrupción y otras autoridades.
“Este delito no lo teníamos perfectamente tipificado en nuestro estado y que en la ley federal, precisamente para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, nació en el 2011 y en el 2013 el Consejo Nacional de Seguridad generó acuerdos para que los estados pudieran legislar al respecto. Con esto estamos intentando generar un precedente”.
Detalló que son considerados recursos de procedencia ilícita aquellos en que existan indicios fundados o certeza de que los mismos provienen directa o indirectamente, o representan ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia.
Además, explicó que la iniciativa buscará que este delito sea incluido en el catálogo de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa; así como incrementar las penas dependiendo la persona: se aumentará la pena hasta en una mitad cuando fuere administrador, funcionario, empleado, apoderado, consejero o prestador de servicios.
También, se duplicará cuando sean los responsables servidores públicos encargados de prevenir, detectar, denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos o ejecutar las sanciones penales, además de la inhabilitación para desempeñar cargos públicos.
“Buscamos sentar un precedente para que en los próximos meses podamos estar discutiendo el instalar una unidad de inteligencia financiera en el estado de Jalisco, que nos permita darle seguimiento a los recursos y a las devoluciones patrimoniales tanto de servidores públicos como de ciudadanos”.
La iniciativa también la presentaron los diputados Enrique Velázquez (PRD), y los emecista Mirza Flores y Héctor Pizano Ramos, y ahora se encuentra en comisiones para su análisis.
