Incumplieron contrato y los aparatos están mal instalados: Raúl Bermúdez
El contralor del Congreso detalló que las anomalías ponen en riesgo al personal del recinto ubicado en avenida Juárez; por esto, ya se emprendieron acciones legales
Por Elizabeth Ríos Chavarría
“Primero hubo un retraso, un incumplimiento en las obligaciones de la fecha a la cual tenían que estar ya instalados los elevadores, pero al momento en que abrimos esta investigación y obtenemos este peritaje, nos damos cuenta de que hay más elementos” que probarían el pésimo trabajo hecho, explicó Raúl Bermúdez, contralor del Congreso local/Foto: Francisco Tapia
Por diversas irregularidades e incumplimiento de contrato, la contraloría interna del Congreso de Jalisco interpondrá denuncias penales en contra del proveedor que instaló los dos elevadores en el edificio legislativo ubicado en la avenida Juárez.
Raúl Bermúdez Camarena, titular de la contraloría, explicó en entrevista para Página 24 que tras años de irregularidades, cuando se hizo la licitación para los elevadores, y luego de las investigaciones correspondientes, se concluyó con el peritaje, en el cual se detectaron anomalías que pondrían en peligro a quien los utilice.
Aunque por motivos de procedimiento el contralor evitó decir el nombre de la empresa contra la que procederán, en marzo pasado Mural publicó que el Poder Legislativo contrató en 2016 a la empresa Hitra Elevadores y Escaleras SA de CV, por un monto de 2.9 millones de pesos.
“Fue entregado el peritaje solicitado por el órgano interno de control, y en torno a este peritaje se suma la investigación que estaba abierta por el incumplimiento en lo establecido en los contratos en la adquisición de dos elevadores. A partir de tener conocimiento de este peritaje y los elementos que arroja, nos dimos a la tarea de solicitar y emitir una medida cautelar para resguardarlos, ya que ponen en riesgo la seguridad de los servidores públicos que utilizan estos elevadores”.
Al respecto, detalló que los elevadores fueron resguardados además, para salvaguardar las pruebas, pues serán parte del juicio civil que llevarán de las acciones penales que estarán ejerciendo.
Agregó que con ayuda de la Secretaría General y el área jurídica del Congreso local, estarían implementando a partir de ahora las diferentes acciones penales correspondientes, a fin de hacer valer la fianza -entregada por la empresa como garantía para ejecutar el proyecto- y el derecho de poder rescindir el contrato.
Entre las irregularidades y sin ahogar mucho, refirió que los elevadores se instalaron mal, y al final –tras periodos en que su funcionamiento estaba en intermitencia– no cumplieron con los elementos establecidos en la licitación.
“(Los elevadores) fue una adjudicación del año 2016. Primero hubo un retraso, un incumplimiento en las obligaciones de la fecha a la cual tenían que estar ya instalados los elevadores, pero además al momento en que abrimos esta investigación y obtenemos este peritaje, nos damos cuenta de que hay más elementos”.
También, manifestó que con las acciones que van a implementar, al hacer valer la fianza y echar para atrás el contrato se esperará que el Congreso de Jalisco recupere 1 millón 300 mil pesos.
