No merma derechos, insiste Quirino Velázquez
Por Elizabeth Ríos Chavarría
De acuerdo con el diputado perredista Quirino Velázquez, la SCJN les requirió “todos los argumentos que evidencien lo contrario a lo que afirma la Comisión Nacional de Derechos Humanos” sobre la muerte civil a funcionarios corruptos/Foto: Archivo Página 24
El Congreso de Jalisco enviará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación argumentos para que no prospere la controversia constitucional que implementó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por la iniciativa aprobada para inhabilitar de por vida a funcionarios, empresas y particulares corruptos.
En mayo pasado diputados locales aprobaron diversas modificaciones al Código Penal y otras leyes a fin de sancionar con muerte civil a funcionarios corruptos, sin embargo, hace días la SCJN inició juicio para determinar si la propuesta, implementada por el legislador del PRD Gerardo Quirino Velázquez, es constitucional o no.
Al respecto, el diputado perredista refirió que el primero de julio pasado recibieron una petición de la SCJN para que el Poder Legislativo dé fundamentos tendientes a sostener la validez de la propuesta.
“Lo que hace la Suprema Corte es notificar al tercero involucrado, que es a quien están señalando que es el Congreso del Estado, y llegó la notificación el primero de julio, dándonos quince días hábiles para responder. Es decir, tenemos hasta el día 22 de julio para responder. ¿Qué es lo que plantea? pues que demos todos los argumentos que evidencien lo contrario a lo que afirma la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.
Lamentó las acciones de la CNDH por no estar acorde a la situación, ya que la corrupción es un tema transversal por excelencia que tiene México, y por el cual se debe trabajar de una u otra manera para abatirlo. Además, aseguró que contrario a lo que el organismo argumentó ante la Suprema Corte, la medida no viola los derechos humanos de nadie.
La CNDH argumentó en el recurso implementado que la muerte civil es un castigo desproporcionado con la gravedad del delito de corrupción, ya que ello implicaría aislar a una persona de la sociedad.
Sin embargo, el perredista argumentó que el mínimo de inhabilitación es de 30 años y podría alcanzar el estado perpetuo, dependiendo la falta grave. Además, consideró que no se aísla a nadie ya que la sanción corresponde para que ningún funcionario, empresa o particular participe de nuevo en la función pública más no en otros ámbitos.
“No sabemos en qué país viva la comisión para plantear esto en contra del problema transversal que tenemos en el país, que es la corrupción, porque no solo nos afecta económicamente, sino que difumina los esfuerzos para atender otros problemas como la inseguridad. Vamos a dar la batalla hasta las últimas consecuencias, vamos a responder que no es una pena inhumana, o sea, no es tortura ni latigazos”.
