Rebatiremos controversia pedida por la CNDH
El diputado local perredista explicó que ya preparan un documento que justifique los motivos por los cuales se creó esta ley, para que la Corte avale constitucionalidad de lo hecho contra la corrupción
Por Elizabeth Ríos Chavarría
“Desde mi punto de vista, lamentable que la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya interpuesto este recurso de inconstitucionalidad con este tema, no sé en qué país viva”, criticó Gerardo Quirino Velázquez, diputado por el PRD e impulsor de la “controversial” propuesta/Foto: Francisco Tapia
Desde el Congreso de Jalisco se prepara un acuerdo legislativo para combatir la controversia constitucional implementada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la propuesta para inhabilitar de por vida a funcionarios, empresas y particulares corruptos.
En mayo pasado diputados locales aprobaron diversas modificaciones al Código Penal y otras leyes a fin de sancionar con muerte civil a funcionarios corruptos; sin embargo, hace unos días la SCJN inició juicio para determinar si la propuesta, implementada por el legislador del PRD Gerardo Quirino Velázquez, es constitucional o no.
Al respecto, el diputado perredista refirió que ya preparan un acuerdo interno a fin de mandar a la Suprema Corte un documento con argumentos y justificaciones del por qué la iniciativa es válida y necesaria en Jalisco para combatir la corrupción.
Lamentó las acciones de la CNDH por no estar acorde a la situación, ya que la corrupción es un tema transversal por excelencia que tiene México, y por el cual se debe trabajar de una u otra manera para abatirlo. Además, aseguró que contrario a lo que el organismo argumentó ante la Suprema Corte, la medida no viola los derechos humanos de nadie.
“Por supuesto que no, y se metió mucho a estudio, por eso hicimos ajustes. Nosotros queríamos que entrara con todos los delitos de corrupción, y nos dijeron que para que no sea inconstitucional tenían que ver cuando rebasar una cantidad específica. Además pusimos una sanción mínima y máxima, o sea, cuidamos mucho el tema de inconstitucionalidad”.
La CNDH argumentó en el recurso implementado que la muerte civil es un castigo desproporcionado con la gravedad del delito de corrupción, ya que ello implicaría aislar a una persona de la sociedad.
Sin embargo, el perredista argumentó que el mínimo de inhabilitación es de 30 años y podría alcanzar el estado perpetuo, dependiendo la falta grave. Además, consideró que no se aísla a nadie ya que la sanción corresponde para que ningún funcionario, empresa o particular participe de nuevo en la función pública más no en otros ámbitos.
“Desde mi punto de vista, lamentable que la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya interpuesto este recurso de inconstitucionalidad con este tema, no sé en qué país viva, porque uno de sus argumentos era que la pena es desproporcionada con el delito, cundo a nivel internacional los delitos de corrupción ya son de lesa humanidad”.
