Es una práctica vigente, asegura la legisladora de Morena Norma Valenzuela
Por Elizabeth Ríos Chavarría
La diputada local de Morena Norma Valenzuela Álvarez exhortó a los 125 ayuntamientos del estado a fin de implementar políticas que detecten, prevengan y combatan la violencia política en contra de la mujer/Foto: Cortesía
Porque la violencia política en contra de la mujer es una práctica vigente, la diputada local de Morena Norma Valenzuela Álvarez exhortó a los 125 ayuntamientos del estado a fin de implementar políticas que detecten, prevengan y combatan el problema.
La legisladora -sin dar cifras- explicó que desde que arrancaron las nuevas administraciones se han detectado diversos casos de regidoras al interior del estado que han sufrido violencia política: desde descalificaciones a su persona, hasta amenazas y agresiones solo por el hecho de ser mujeres.
Al respecto, pugnó porque autoridades tomen las riendas del asunto y en verdad generen acciones para propiciar no solo ambientes de respeto mutuo, sino de protección hacia quienes han sido víctimas.
“Actualmente vivimos una grave crisis de violencia contra las mujeres en el estado, y como representantes populares no podemos ser omisos en hacer lo que nos corresponde para contribuir a la erradicación de la violencia. Es urgente que conforme a las facultades que como Poder Legislativo tenemos, realicemos todas las acciones necesarias para garantizar a las mujeres que han incursionado en el ámbito público ambientes más seguros, donde puedan libremente ejercer sus cargos”, se lee en el exhorto planteado.
Llamó a autoridades por igual a dejar de ser “espectadores pasivos” a fin de que asuman la responsabilidad que les corresponde, y se actúe dentro de las facultades que les permite la ley para combatir la violencia política en contra de las mujeres.
Señaló la necesidad de mirar y aplicar con certeza el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, el cual delimita que la violencia de este tipo comprende “todas aquellas acciones y omisiones que basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos políticos electorales”, tengan por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público: “Es una obligación que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha confirmado al establecer que el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de discriminación y de violencia, se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con perspectiva de género y con la debida diligencia, la cual adquiere una connotación especial en casos de violencia en contra de las mujeres”.
