Con corruptelas de Diego Monraz, en 2009, nos detuvieron 17 unidades
El entonces secretario de Vialidad, que en este sexenio repite en el cargo, inventó cargos en contra de 16 camiones, por lo que fueron enviados al corralón por 14 meses; las pérdidas que achacan son millonarias, y la decisión del tribunal es “inapelable”: deben pagar
Por Rafael Hernández Guízar
Transportistas reclamaron ayer 53 millones de pesos que se derivan de arbitrariedades desde la administración del ex gobernador Emilio González Márquez.
Se trata de la suma económica que se deriva de la detención “arbitraria” de 17 unidades del transporte público que fueron enviadas a un corralón por el entonces secretario de Vialidad y Transporte y hoy secretario del Transporte, Diego Monraz Villaseñor.
“En 2009, venimos a hacer una manifestación al Congreso y concretamente a la ruta 24, se nos detuvieron 17 unidades que eran nuevas, duraron 14 meses encerradas, un tribunal colegiado ordenó la devolución de los vehículos y a los dos días para no devolverlos, la Secretaría de Vialidad y Transporte en aquel tiempo manejada por el mismo que hoy está, maquiló delitos y manifestó que era invasión a las vías de comunicación, por lo tanto duraron 14 meses. Ese juicio se acaba de terminar y por orden del tercer juzgado de distrito
en materia penal, ordenó el cumplimiento y el pasado 6 de mayo el fiscal general dio cumplimiento y determinó que no ha lugar a la denuncia que había de ataques a las vías de comunicación y daño a las cosas (…); ¿qué trae como consecuencia?, un abuso de autoridad, lo que hoy se llama corrupción que es delito grave y no nos queda más que solicitar la reparación de daños al estado”, indicó el líder de los transportistas Enrique Galván.
Y agregó: “Por los días que lo hicieron se hace un total de 416 días por cada unidad, son mil 85 usuarios (que no recibieron el servicio) según los datos del propio Instituto de Movilidad, y hace un total de 50 millones 598 mil pesos que tendrán que pagar la Secretaría de Transporte o la Fiscalía
General del Estado, esto no es sacado de la manga, es lo que ellos tienen estimado de gente que se transporta en esos días. No hay cuestión apelable, y quién va a pagar, pues desde luego que el estado, por ello el próximo viernes se les va a presentar las hojas para que paguen y si tienen objeción de los montos, que las hagan”.
La sentencia, que ya es inapelable, debería ser ejecutada con lo que sería con recursos del erario como se efectúe esto.
A dicha cantidad, se agregan otros 3 millones de pesos por dos rutas más a las que se les han retenido los camiones tras una manifestación meses atrás de los mismos transportistas.
“No a prepago; haremos nuestra propia empresa”
Por otra parte, Enrique Galván adelantó que no aceptarían el sistema de prepago que el gobierno estatal ha fijado como regla para seguir operando, no bajo las condiciones que se han impuesto, es decir, no con la empresa que el gobierno estatal designó; por ello, 350 unidades integrarán un sistema independiente que ya se había anunciado.
“Somos 350 unidades, vamos a ser una sola empresa y lo que sí pueden observar, es que el auditorio de la secretaría que es a donde se van a inscribir las personas está vacío, nadie se está inscribiendo porque no quieren el monopolio”.
Según dijo, el costo que representa para ellos el sistema de prepago con la empresa que el gobierno estatal ha contemplado para la operatividad, es de dos pesos por cada pasaje, es decir, alrededor de 10 mil pesos mensuales por cada unidad.
“Las rutas que operan están quebradas, incluso con el riesgo de que les embarguen los vehículos, y ojalá que no, ojalá pero no da para tanto”, soltó.
Por ello, ya hay negociaciones con tres empresas extranjeras dedicadas específicamente al manejo de prepago para el transporte público y en los próximos días se anunciará cuál de estas será la que instale los aparatos en los camiones y el modo en que esto funcionaría; sin embargo, trascendió que estarían contempladas tarjetas dedicadas, así como de débito, y el pago en efectivo.
