Irresponsable decir que es culpa de la sociedad, critica Sofía García
Legisladora priísta lamentó que ahora se pretende hacer el trabajo en materia de protección de víctimas y protocolos, cuando es obvio que en Jalisco existe rezago, por lo que exigió se cumplan a cabalidad todas aquellas medidas que por ley les tocan a todas las autoridades
Por Elizabeth Ríos Chavarría
La diputada priísta Sofía García Mosqueda dijo que fueron “irresponsables” las declaraciones de Enrique Alfaro tras la muerte de Vanessa, pues “hechos como los que sucedieron no se pueden evadir con la responsabilidad de los diferentes niveles de gobierno”; por esto, es inadmisible la incompetencia de las autoridades, puntualizó/Foto: Francisco Tapia
El feminicidio de Vanessa Gaytán no fue producto de una descomposición social, sino de la falta de implementación de protocolos y un actuar más certero de las autoridades estatales y municipales, aseveró la diputada local del PRI, Sofía Berenice García Mosqueda.
La también presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso de Jalisco criticó las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro en el tema, y cuestionó las acciones que al parecer ahora sí implementarán luego del feminicidio de Vanessa, cuando se debieron implementar desde mucho antes.
“Tan cuestionable es el accionar del Ejecutivo estatal, como de la autoridad municipal sobre garantizar las medidas cautelares otorgadas a Vanessa. Es irresponsable decir que es culpa de la sociedad; hechos como los que lamentablemente sucedieron no se pueden evadir con la responsabilidad de los diferentes niveles de gobierno. La incompetencia de las autoridades es inadmisible”.
Refirió que desde febrero pasado en el Congreso de Jalisco se aprobaron reformas en materia de órdenes de protección y el uso de sistemas de monitoreo electrónicos, por lo que la autoridad debió de implementar desde entonces: “acciones para georreferenciar las órdenes de protección, con el C4 y C5; generar una base de datos única de las órdenes emitidas en la entidad; así como la creación de una coordinación única, integrada por policía investigadora municipal y estatal”.
“Esto, ante la inexistencia de cifras reales de órdenes de protección emitidas, ya que en Zapopan manejan 3 mil. En Jalisco nos acaban de comentar, por parte de la secretaría que son 948, y por parte de Conavim, Candelaria Ochoa nos maneja 18 mil. Tenemos distintas cifras y por eso es urgente el que se tenga un banco de datos unificado en el estado”, dijo.
Lamentó que ahora se pretenda hacer el trabajo cuando es obvio que en el estado existe rezago en materia de protección y resguardo de víctimas de violencia, razón por la cual exigió que se cumplan a cabalidad todas aquellas medidas que por ley les tocan.
Entre lo que les corresponde, agregó, la tricolor propuso que la autoridad opte por la utilización de brazaletes para tener identificados a agresores, para lo cual se necesitaría una inversión de 70 millones de pesos; fomentar una campaña de información unificada entre autoridades estatales y municipales; así como eliminar la burocracia que no hace más que entorpecer o frenar que la víctima acceda a una justicia pronta y expedita.
Respecto a esto último, señaló que que desde haces meses trabajan en una iniciativa para aumentar las penas en contra de servidores públicos que entorpezcan el acceso a la justicia de la víctima, la cual presentarán próximamente; así como la comparecencia del fiscal estatal y la secretaria de Igualdad Sustantiva, a fin de que refieran qué se ha hecho en el estado con respecto a la alerta de género.
“Cualquier servidor público que impida, obstaculice, entorpezca, no atienda o niegue una orden de protección a cualquier mujer o que impida el acceso a la justicia, será sancionado. Proponemos prisión de seis meses a tres años, a multas de 30 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), y la inhabilitación para desempeñar otro cargo”.
