Crearán la Agencia Integral de Regulación de Emisiones para su operación
Quitan la facultad a los agentes viales para retirar vehículos que no estén verificados
Por Elizabeth Ríos Chavarría
Legisladores priístas se dijeron en contra de las sanciones por no verificar, pues si bien disminuyeron el costo, la medida seguirá pegándole al bolsillo de los ciudadanos/Foto: Cuartoscuro
Con algunas observaciones de varias fracciones parlamentarias, diputados aprobaron la iniciativa del gobernador Enrique Alfaro que establece las bases para el programa de verificación vehicular en el estado de Jalisco.
Tal cual se aprobó en su momento en comisiones, el dictamen plantea disminución en las infracciones por no verificar a como se plantearon originalmente y como se imponen en la actualidad.
La propuesta inicial establecía multas que iban de los mil 689 hasta los 12 mil 673 y al final la sanción máxima quedó en 2 mil 112 pesos. Sin embargo, la multa a quien sea sorprendido sin la verificación y además contamine por arriba del 1.5 veces de los límites permisibles, será de 2 mil 534 hasta los 4 mil 224 pesos; mientras que quien contamine el doble de esto la máxima será de 5 mil 914 pesos. Las infracciones serán válidas a partir de enero del 2020.
En los tres casos, la multa podrá ser condonada al cien por ciento cuando el vehículo sea verificado en los primeros 30 días de la sanción. Además, se les quitará la facultad a los agentes viales para retirar vehículos que no estén verificados, a fin de que sea una autoridad técnica, es decir la Semadet, quien realice estas acciones.
“Hoy los supuestos para retirar el vehículo son que la persona traiga un comprobante de verificación falso o que sea detenido sin verificación, y que además, la autoridad rectora del programa que sería la Semadet, tenga técnicamente acreditación en ese momento que se está contaminando”, expresó el presidente de la Comisión de Movilidad, Jonadab Martínez García.
Con las bases aprobadas, se creará la Agencia Integral de Regulación de Emisiones (AIRE) que se encargará de la instalación y operación de los verificentros donde los concesionarios no cubran.
Además, los ingresos de este programa se destinarán a un Fondo Estatal de Protección al Ambiente para la política pública y programas de calidad del aire, de control de contaminación, mitigación y compensación ambiental, así como para apoyos e incentivos para el mejoramiento del parque vehicular que incida en la contaminación atmosférica.
La Semadet podrá autorizar la instalación y operación de establecimientos para que estos puedan contratar el suministro de la tecnología para la prestación del servicio vehicular. Y, derivado del ejecutivo, hará contratación de la tecnología para el equipamiento, operación, mantenimiento, administración y control de establecimientos de verificación de emisiones vehiculares en un contrato hasta por 15 años.
Durante la discusión en Pleno, diputados del PRI se posicionaron en contra de la iniciativa. La coordinadora tricolor, Mariana Fernández criticó que la agencia más allá de revisar o vigilar como se debe la implementación correcta de este programa, se encargará de su operación que, aunada a la facultad de la Semadet de operar verificentros, no hará más que monopolizar un programa que se puede prestar a negocios particulares con el gobierno.
Además, se dijeron en contra de las sanciones, pues si bien disminuyeron, la medida seguirá pegándole al bolsillo de los ciudadanos.
De parte de Morena, sólo la diputada María Patricia Meza Núñez votó en contra. Sin embargo, la legisladora María Esther López Chávez sugirió modificaciones al dictamen, mismas que fueron rechazadas.
El dictamen se aprobó con 34 votos a favor y 4 en contra. Estos últimos, de los tres del PRI y uno de Morena.
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La Agencia Integral de Regulación de Emisiones (AIRE) no hará más que monopolizar un programa que se puede prestar a negocios particulares con el gobierno, criticó la priísta Mariana Fernández
